Fisuras y grietas que se extienden hasta más de dos metros se evidencian en la fachada del dispensario del Seguro Social Campesino Cascajal, ubicado en el recinto del mismo nombre que pertenece a la parroquia rural Valle de la Virgen de Pedro Carbo, en Guayas.
Las paredes de áreas y consultorios presentan también estas aberturas en el interior de la unidad, que fue entregada en 2020, según el personal de salud del dispensario. Dos meses después, sostiene, cerámicas desprendidas y rajaduras motivaron los primeros arreglos.
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“Técnicos nos han dicho que es cuestión de la parte de la base, que no ha quedado bien compactada… el dispensario está inclinado hacia adelante, hundido”, sostiene William Magallanes, presidente de la organización campesina El Cascajal, quien desde hace dos años asegura que ha insistido en la Coordinación Zonal 5 del Seguro Social Campesino para la intervención de este centro, donde se atienden 3.162 afiliados.
La última vez que insistió en el arreglo fue el 10 de noviembre: “Me dijeron que esto ingresaba para este año”. No obstante, esta unidad no forma parte de las 115 unidades del Seguro Social Campesino que se prevé intervenir en 21 provincias con un presupuesto de $ 6,1 millones.
Por ese monto, el IESS inició un proceso de contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de esos dispensarios que se tenía previsto adjudicar el viernes pasado a una empresa pública con un plazo de 300 días. Sin embargo, en el portal del Sercop no constaba la documentación de las últimas fases del proceso hasta el cierre de esta edición.
Casi el 50 % (56) de los centros que se intervendrán se encuentran en Pichincha (15), Manabí (15), Loja (10), Chimborazo (9) y Esmeraldas (7), en los que se destinaría la mitad de los recursos ($ 3 millones). Los fondos restantes se asignarían para las otras 59 unidades ubicadas en 16 provincias que, según la documentación del IESS, se encuentran “deterioradas”.
Los centros, “en su mayoría, superan los 30 años de construcción, reflejando un deterioro en la infraestructura e instalaciones, que podrían afectar la seguridad de los usuarios”, señala el IESS en el proceso y detalla que se darán mantenimientos de acabados, instalaciones eléctricas, electrónicas e hidrosanitarias.
Con ello también se prevé cumplir con los requerimientos para la renovación de permisos de funcionamiento de cada unidad médica, otorgados por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess). De los 115 centros que se intervendrán, según el proceso, 33 no tenían vigente este aval.
En el dispensario del Seguro Social Campesino del IESS Estero de Piedra, en Pedro Carbo (Guayas), los inodoros de uno de los baños están deteriorados y no se pueden usar. Foto: José Beltrán
Al Seguro Social Campesino (SSC) están afiliados 486.241 jefes de familia, quienes con un aporte mensual de $2,82 cubren también a sus 431.505 dependientes. Según el IESS, hay 917.746 beneficiarios y más de 2 millones de usuarios fueron atendidos en 2025 –43.703 más que en 2024– en los 659 dispensarios que hay en el país.
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“Gracias al aporte y la contribución de los afiliados, a través de las organizaciones campesinas, de convenio y comodatos con GAD (Gobiernos autónomos descentralizados), las plantas están en su mayoría operativas”, destaca Byron Garcés, presidente de la Feunassc. Los afiliados cancelan, dependiendo de la agrupación, entre $ 4 y hasta más de $ 7 para cubrir el costo del seguro y los gastos de cada unidad.
“El afiliado paga desde el impuesto predial, energía, agua, internet, permiso de funcionamiento de los Bomberos, aire acondicionado para la botica, los mantenimientos…”, detalla Garcés.
Esto lo confirman usuarios y personal de centros como El Deseo (en Yaguachi), El Tránsito (Jujan), Estero de Piedra (Pedro Carbo), Cascajal (Pedro Carbo), en Guayas; y Piñas y Pacoche, en Manabí.
En El Tránsito, en Jujan, sus afiliados aseguran haber comprado un ecógrafo básico; en algunos centros han adquirido los sillones odontológicos; y se han habilitado laboratorios de exámenes para atender a afiliados de dos o tres dispensarios. “Si se daña algo, la comunidad nos ayuda; si se daña el aire, ellos lo reparan”, dice una auxiliar de enfermería.
El IESS provee de la atención, de medicamentos, equipamiento y del mantenimiento, señala Giovanna Ubidia, directora nacional del Seguro Social Campesino, quien destaca que existe una “corresponsabilidad” de las organizaciones campesinas.
“Sí deben garantizar algunos servicios y mantenimientos pequeños, hay que pintar una pared, se dañó el aire acondicionado, hay que pintar, porque ellos también cobran… las organizaciones sociales cobran incluso $ 10-$ 15 (a los afiliados)″, apunta la funcionaria.
En el listado actual de los 115 centros que se intervendría no han sido consideradas -además de El Cascajal (Pedro Carbo, Guayas)- otras unidades que, según dirigentes y usuarios, requieren intervenciones urgentes.
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En el caso de El Cascajal, se tiene previsto trabajar en este año, apunta Gustavo Villacís, coordinador del Seguro Social Campesino de la Zona 5: “Tiene un problema de cimentación, tenemos que hacer estudios primero porque es un problema de suelo”.
El dirigente nacional de la Feunassc insiste, además, en otras unidades que requieren mejoras: “(La unidad) La Papaya, en Loja, está alquilando, porque la planta física se deterioró. Y el de Las Peñas, en el cantón Eloy Alfaro, en Esmeraldas, también está en condición muy crítica”.
En Manta, en los dispensarios Las Piñas y Pacoche, los afiliados también se encargan de reparar la infraestructura. Gabriel Santana, presidente del comité central de afiliados de Las Pilas, explica que la autogestión se volvió permanente desde hace varios años.
Afiliados al Seguro Social Campesino que se atienden en el dispensario Las Piñas, en Manta, aseguran que con recursos propios costean el funcionamiento de esta unidad. Foto: Leonardo Ceballos
“Nos organizamos para recoger dinero y dar mantenimiento a los aires acondicionados, a la estructura física y hasta al techo, que lo tuvimos que cambiar hace poco”, señala Santana de este centro, que funciona desde 2013 y atiende a unos 550 usuarios.
Este dispensario no cuenta con escrituras legales debido a que parte de la comunidad se encuentra en una zona protegida. El Ministerio del Ambiente no ha autorizado la emisión del documento, lo que, según los afiliados, sirve de argumento al IESS para no intervenir. “Al no haber escrituras, el IESS se excusa en no poder dar mantenimiento”, afirma el dirigente.
Braulio Pico, agricultor y afiliado, coincide en que el mantenimiento del dispensario recae exclusivamente en la comunidad. “Toda la plata para repararlo ha salido de nosotros mismos, pescadores y agricultores. El IESS lo construyó y se desentendió de este lugar”, afirma.
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Según Pico, cualquier daño implica un nuevo aporte económico. “Si se daña un aire, un cable, una pared o el techo, la plata sale de nuestros bolsillos”, recalca.
Carlos Alvia, dirigente de los afiliados de Pacoche, indica que el IESS realizó mejoras hace un año y entregó un equipo odontológico. No obstante, cuestiona que no habría un presupuesto asignado para el mantenimiento. El dispensario fue construido hace unos 25 años y presenta un “desgaste evidente”.
Para el dirigente nacional Byron Garcés, las falencias no se deberían a la falta de recursos. El Seguro Social Campesino tuvo un presupuesto de $ 632,5 millones en 2025 y ejecutó el 69,35 % (438,6 millones).
“Todos los años se repite eso. No es que falta plata, hay un prejuicio de que en el Seguro Social Campesino, como nosotros pagamos poco, tenemos la obligación de acarrear con todos estos gastos”, refiere Garcés.
Las asignaciones para este año, según el IESS, ascienden a $ 601,3 millones, $ 31 millones menos que en 2025. La mayor parte de los recursos son para cubrir los gastos prestacionales ($ 363,6 millones), en donde se incluyen los costos que deben cancelar a prestadores internos y externos del IESS.
FUENTE: EL UNIVERSO