La administración gubernamental de Guatemala ha oficializado la prórroga del estado de prevención en todo el país, una medida excepcional que busca mitigar las consecuencias de los motines registrados en diversos centros carcelarios durante la última quincena. Bajo la dirección del presidente Bernardo Arévalo, el Ejecutivo determinó mantener estas disposiciones restrictivas por un periodo adicional de 15 días, amparándose en un decreto presidencial diseñado para frenar el impacto de la violencia generada por las maras y pandillas.
Alcance y vigencia de la medida nacional
La normativa, ratificada por la Presidencia de la República, tendrá una vigencia de dos semanas en la totalidad del territorio guatemalteco. El propósito fundamental de esta extensión es neutralizar eventuales “ataques contra las autoridades civiles” y robustecer las garantías de seguridad sobre la vida y el patrimonio de la población. Entre las acciones contempladas en el decreto se incluyen las siguientes:
- Limitación de reuniones y concentraciones al aire libre.
- Prohibición de manifestaciones de carácter público.
- Implementación de controles estrictos sobre eventos y espectáculos de asistencia masiva.
Marco legal contra las perturbaciones del orden
El Artículo 3 del decreto establece los lineamientos jurídicos para que los cuerpos de seguridad ejecuten operativos coordinados. Estas acciones están orientadas a
“prevenir y reprimir perturbaciones graves de la paz y del orden público por parte de pandilleros”
. Esta estrategia es la continuación de las medidas instauradas hace dos semanas tras los desórdenes en los recintos penitenciarios, buscando consolidar un plan de contención frente a las redes de criminalidad organizada.
Facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad
Mientras el estado de prevención permanezca activo, los organismos de seguridad pública tienen la potestad de disolver, incluso mediante el uso de la fuerza y sin previo aviso, cualquier tipo de reunión o protesta en la que se identifique el uso de armamento o se cometan actos violentos. Asimismo, se han impuesto restricciones para la circulación y el estacionamiento de vehículos en perímetros y horarios específicos. Las autoridades también están habilitadas para realizar inspecciones vehiculares e impedir el desplazamiento de automotores fuera de ciertas localidades según lo disponga el Ejecutivo.
Garantías institucionales y continuidad estatal
A pesar de la rigurosidad de las medidas, el decreto aclara que estas no interrumpen las labores de los organismos del Estado ni la actividad de los partidos políticos. Se ha estipulado que los funcionarios de las instituciones estatales mantendrán sus inmunidades y facultades legales intactas. Además, los procesos vinculados a la designación y nombramiento de autoridades continuarán desarrollándose bajo los cronogramas definidos por la Constitución.
El documento oficial subraya la urgencia de contar con un entorno legal que respalde la operatividad institucional frente a las estructuras de las maras, cuya presencia se asocia con alteraciones profundas a la seguridad ciudadana. Con esta renovación del régimen de excepción, el gobierno guatemalteco apuesta por un control más férreo del espacio público y dota a la policía y militares de recursos legales ampliados para enfrentar la escalada de tensiones vinculada a las agrupaciones delictivas.
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