El 9 de enero de 2024 marcó un punto de quiebre. El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo No. 111, reconociendo la existencia de un conflicto armado interno y ordenando la movilización inmediata de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para neutralizar a 22 grupos del crimen organizado, ahora catalogados como terroristas.
Si bien a partir de esa declaratoria, la Corte Constitucional (CC) ha cuestionado, al menos, cinco veces la existencia de la denominada guerra interna, el Ejecutivo ha insistido en este tema como argumento para mantener a los militares en las calles.
Desde que empezó esta política de la llamada mano dura, paradójicamente la violencia criminal en el país ha subido. 2025 terminó con 9.216 muertes violentas y una tasa de 50,9 por cada 100.000 habitantes: el peor año de la historia.
Menos bajas voluntarias
En ese contexto, la Policía Nacional sufrió una salida masiva de personal y una crisis de distribución en medio de la violencia.
Por otro lado, los datos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.) dibujan una realidad diametralmente opuesta para los militares: desde que salieron a las calles a enfrentar esta supuesta guerra, se han reducido los pedidos de bajas voluntarias de los soldados.
A diferencia de la Policía Nacional, donde la violencia provocó que más de 9.600 agentes se retiraran voluntariamente buscando salvaguardar sus vidas, en los cuarteles militares ocurrió un fenómeno distinto.
En 2022, antes de la declaratoria de conflicto, las Fuerzas Armadas registraron su pico más alto de salidas voluntarias con 2.089 efectivos que dejaron el uniforme. Sin embargo, apenas inició la ofensiva contra el narcoterrorismo en 2024, esa cifra bajó a 611 retiros, y se mantuvo baja en 2025 con 789 salidas.
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Los casos más llamativos se observan en la Armada y la Fuerza Aérea (FAE). En 2022, la Armada vio partir a 185 marinos y la FAE a 158 aviadores por voluntad propia. Sin embargo, para 2024, el año del Decreto 111, las bajas voluntarias en la Fuerza Aérea fueron, literalmente, cero; ni oficiales ni aerotécnicos salieron de la institución.
En la Armada, la cifra cayó drásticamente a solo 12 retiros ese año y a un mínimo histórico de cuatro en 2025. El peso de las bajas voluntarias recae casi exclusivamente en la Fuerza Terrestre (Ejército), que aun así redujo sus salidas a la mitad en comparación con los años previos al conflicto.
Sin embargo, el CC.FF.AA. no respondió si hubo solicitudes de baja voluntaria negadas. Por lo que no se puede determinar si este fenómeno se debió a menos interés de los soldados por dejar el uniforme o a más trabas burocráticas para obtener el retiro.
Más soldados caídos
La otra cara de la moneda muestra que 2024 y 2025 se han convertido en los años más letales para los militares en actos de servicio.
Mientras que en 2022 fallecieron seis uniformados en funciones, la cifra se triplicó a 19 muertos en 2024, el primer año de la guerra interna, y escaló aún más en 2025, alcanzando los 29 fallecidos en combate o actos del servicio.
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En total, desde que el Estado declaró la guerra a los grupos terroristas, las Fuerzas Armadas han perdido a 48 efectivos en operaciones, una cifra que supera la suma de los tres años anteriores juntos.
La Fuerza Terrestre y la Aérea han sido las más golpeadas en este último periodo, con 15 y 13 fallecidos respectivamente solo en 2025.
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