En una operación de inteligencia que evitó una tragedia institucional, las fuerzas de seguridad argentinas lograron desarticular una peligrosa conspiración criminal. El objetivo del complot era perpetrar los asesinatos del ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, el fiscal federal Ignacio Candioti y el magistrado Leandro Ríos. La trama fue descubierta gracias a la delación de un interno que reveló los pormenores del ataque planeado desde el interior de un centro penitenciario en Entre Ríos.
Como autor intelectual de este esquema de sicariato se identifica a Leonardo Airaldi, un influyente líder vinculado al narcotráfico de 44 años. Airaldi, quien anteriormente ejerció como presidente de la Sociedad Rural de Diamante, se encuentra actualmente recluido en la Unidad Penal 9. El sospechoso enfrenta un panorama judicial complejo con dos causas acumuladas por tráfico de estupefacientes: una iniciada en 2019 contra una organización de 14 personas y otra de 2022, relacionada con el decomiso de 30 kilogramos de cocaína en la zona de Puerto Gaboto. El próximo martes 24 está previsto el inicio del juicio en su contra en Paraná, bajo la defensa de la abogada Marian Barbitta.
El trasfondo de la amenaza radica en la participación de las víctimas en los procesos contra el imputado. Mientras Ríos instruyó uno de los expedientes y Candioti lidera la acusación, el ministro Roncaglia tuvo un rol determinante como jefe de la Policía Federal y en el área de Drogas Peligrosas. Según el informante del caso, Airaldi manifestaba resentimiento contra los funcionarios, afirmando bajo su propia percepción que el juez:
«le había inventado una causa» y el fiscal tendría «todo arreglado para condenarlo a 15 años»
Logística criminal y sicariato transnacional
La investigación permitió conocer que el plan incluía la contratación de un sicario uruguayo, a quien se le habría pactado un pago de 40.000 dólares. El ataque contra el fiscal Candioti y el juez Ríos estaba diseñado para ejecutarse durante sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay. En el caso del ministro Roncaglia, el atentado se realizaría en Argentina, aprovechando sus traslados en motocicleta hacia una propiedad rural cercana a Paraná.
La crueldad del plan incluía una logística de dos vehículos: uno para los ejecutores y otro que transportaría cal, una sustancia química destinada a disolver el cadáver de las víctimas para eliminar cualquier evidencia biológica de forma acelerada.
Intervención de Gendarmería y allanamientos
Tras recibir la alerta a través de Lucas Duffour, director de la Unidad Penal 9, el fiscal federal Pedro Rebollo solicitó una orden de intervención al juez Hernán Viri. El operativo se llevó a cabo el pasado viernes 20 por la tarde, liderado por el Escuadrón 56 de Gendarmería.
Durante la requisa en la celda de Airaldi y áreas comunes, los agentes incautaron teléfonos celulares, documentación comprometedora, anotaciones y dosis de cocaína. Ante la inminencia del riesgo, el gobierno ha dispuesto un operativo especial de custodia para garantizar la integridad de los tres funcionarios amenazados y sus familias mientras avanza la instrucción judicial.
Fuente: Fuente