En una jornada que quedará registrada en los anales del país europeo, la Asamblea Nacional de Francia dio luz verde a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. La votación, realizada este miércoles, cerró un intenso debate legislativo que se prolongó por más de un año. La propuesta superó la tercera y definitiva lectura en la Cámara baja con 291 votos a favor y 241 en contra.
El texto aprobado establece que personas mayores de edad con nacionalidad francesa o residencia legal en el país podrán acceder a la ayuda médica para morir. La condición es que padezcan una enfermedad grave, incurable y en fase avanzada o terminal, que genere un sufrimiento físico o psicológico insoportable, sin posibilidad de alivio. La persona debe expresar su voluntad de manera libre, informada y en pleno uso de sus facultades mentales.
Procedimiento y plazos definidos
La solicitud debe presentarse por escrito ante un médico, quien tiene un plazo máximo de 15 días para responder, tras consultar con otros profesionales de la salud. Si la petición es aceptada, el paciente debe confirmar su decisión después de un período mínimo de reflexión de dos días. La norma también contempla la posibilidad de que el paciente desista en cualquier momento.
El protocolo incluye la obligación de informar al paciente sobre alternativas como los cuidados paliativos. En caso de que la persona no pueda administrarse la medicación por sí misma, un médico o un enfermero será el encargado de realizar el procedimiento.
Objeciones y derivaciones
La ley reconoce el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios. Sin embargo, quien decida no participar está obligado a derivar al paciente a otro colega que esté dispuesto a ejecutar el procedimiento.
Esta iniciativa fue impulsada por el presidente Emmanuel Macron, quien desde 2024 busca posicionar la regulación de la ayuda médica para morir como uno de los principales avances sociales de su segundo mandato, que culmina en mayo de 2027.
El proyecto atravesó un complejo recorrido parlamentario. Logró el respaldo de la Asamblea Nacional en dos ocasiones, pero enfrentó dos rechazos del Senado, de mayoría conservadora. Esto obligó a sucesivas revisiones y negociaciones hasta alcanzar el consenso necesario.
Revisión constitucional en puerta
Ahora la ley será examinada por el Consejo Constitucional. El gobierno acudió a esta instancia debido a dudas sobre aspectos específicos, como el plazo de reflexión de dos días y las condiciones aplicables a personas bajo tutela judicial. También se revisará la compatibilidad entre la cláusula de conciencia de los sanitarios y el funcionamiento de centros médicos y sociales dedicados al final de la vida, que no aceleran la muerte pero tampoco practican el encarnizamiento terapéutico.
La Iglesia católica francesa manifestó su rechazo a la aprobación. Calificó la medida como una ruptura grave en la historia del país y advirtió sobre los cambios en la relación con la vulnerabilidad, la discapacidad, la vejez y la enfermedad.
Macron, mediante un comunicado en redes sociales, destacó la importancia del debate democrático y agradeció a los parlamentarios el tono constructivo de las discusiones. También reconoció el aporte de ciudadanos, cuidadores y asociaciones que participaron en la convención ciudadana convocada para asesorar sobre el tema.
Por su parte, el presidente del Senado, Gérard Larcher, adelantó su intención de recurrir al Consejo Constitucional, lo que se suma al proceso de revisión de la ley.
Hasta esta votación, la legislación francesa permitía desde 2016 la sedación profunda y continua para enfermos terminales con pronóstico de vida corto. Con la nueva norma, Francia se suma a países europeos que han legalizado, bajo condiciones, la eutanasia o el suicidio asistido, como Bélgica, Países Bajos, Suiza, además de Canadá y Uruguay.
El gobierno espera que la intervención del Consejo Constitucional aclare cualquier duda y garantice que la aplicación de la ley respete plenamente los principios de dignidad humana y libertad personal. Con esta decisión, Francia cierra un largo periodo de debate social y parlamentario, y redefine el marco legal sobre el derecho a la muerte asistida en el país.
Fuente: Infobae