La organización no gubernamental Foro Penal dio a conocer que en la actualidad 382 personas se encuentran privadas de la libertad en Venezuela por razones políticas, de acuerdo con el más reciente balance difundido con corte al 3 de agosto. La agrupación precisó que realiza una revisión constante de las denuncias sobre aprehensiones ocurridas en fechas anteriores y que no habían sido reportadas previamente a la entidad.
De acuerdo con las estadísticas, del total de presos políticos en el país, 356 son hombres y 26 son mujeres; asimismo, 222 pertenecen a la población civil y 160 son militares. En cuanto a la situación jurídica, el informe señala que 158 personas ya han sido condenadas, mientras que 224 permanecen a la espera de una sentencia. El documento, divulgado a través de la red social X, también indica que 40 de los detenidos son extranjeros y que se desconoce el paradero de una persona. Además, se reportaron cuatro casos nuevos en los últimos días, aunque no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias de esas detenciones.
Esta cifra representa un incremento en comparación con el reporte del 27 de julio, cuando se contabilizaban 379 detenidos por motivos políticos. En ese contexto, organismos internacionales como Human Rights Watch han denunciado en múltiples ocasiones la existencia de un patrón de “puerta giratoria” en el país caribeño, caracterizado por liberaciones seguidas de nuevas aprehensiones de opositores.
Amnistía y su alcance
En febrero pasado, luego de la captura del exdictador Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, el Parlamento venezolano aprobó una Ley de Amnistía que contempla 13 hechos ocurridos en distintos años. Según el gobierno chavista, esta normativa habría beneficiado a más de 8.000 personas, aunque la mayoría de ellas ya gozaba de libertad restringida. Pese a ello, familiares de los detenidos denuncian que las autoridades no han completado el proceso de excarcelaciones masivas anunciado en febrero.
Desde 2014, Foro Penal ha documentado un total de 19.175 detenciones políticas en Venezuela. El Ejecutivo, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, insiste en que no existen presos por motivos políticos y afirma que los detenidos han cometido delitos comunes, una postura que ha sido rechazada por la oposición y por diversas organizaciones de derechos humanos.
En otro frente, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó que al menos 49 presos comunes fallecieron entre abril y julio de 2026 en Venezuela. La organización denunció que el Estado “incumplió su obligación más elemental: proteger la vida de quienes mantiene bajo su custodia”. De las víctimas, 48 eran hombres y una era mujer; 47 murieron en centros penitenciarios y dos en calabozos policiales.
El OVP subrayó que detrás de cada cifra hay historias particulares, pero todas comparten una realidad: personas que dependían del Estado para acceder a atención médica, medicamentos, exámenes o traslados oportunos a centros de salud. Según el informe, las muertes se debieron a enfermedades prevenibles o tratables, como tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que, con una atención adecuada, no habrían sido mortales.
La organización sostuvo que, en caso de fallecimiento por falta de atención médica, el Estado debe explicar las causas, identificar a los responsables y adoptar medidas para evitar que estos hechos se repitan. El OVP instó a la Fiscalía a iniciar una investigación “transparente, exhaustiva e imparcial” sobre cada caso, con el fin de determinar las responsabilidades correspondientes.
Asimismo, el organismo exigió la intervención inmediata del Ministerio para el Servicio Penitenciario y la implementación de una atención humanitaria por razones de salud para los reclusos en todos los establecimientos penitenciarios y centros de detención del país.
En otro hecho reciente, Foro Penal informó sobre la excarcelación del coronel José Jesús Lozano Mogollón, quien había sido detenido el 9 de agosto de 2024 tras manifestar a un subalterno su desacuerdo con los resultados de las elecciones presidenciales de ese año, en las que el ente electoral proclamó la victoria del entonces líder del régimen, Nicolás Maduro. El 8 de julio de 2025, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de instigación a la rebelión.
Fuente: Infobae