La organización no gubernamental Foro Penal comunicó este lunes que, tras un exhaustivo proceso de seguimiento, ha logrado certificar la excarcelación de 426 personas consideradas presos políticos en Venezuela. Este registro oficial abarca el periodo comprendido entre el 8 de enero y el 9 de febrero de este año, enmarcado en el reciente anuncio de liberaciones por parte del Ejecutivo.
A través de su plataforma en Instagram, la entidad defensora de derechos humanos aclaró que estas cifras resultan de una verificación individualizada, caso por caso. El Foro Penal, que lidera el soporte jurídico de los detenidos por causas políticas, enfatizó que este balance responde estrictamente al lapso transcurrido desde que se oficializó el proceso hasta la fecha de cierre de su informe.
Discrepancias en las cifras oficiales
Por otro lado, el titular de la cartera de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ofreció declaraciones en una rueda de prensa donde situó el número global de beneficiados en 897 ciudadanos. No obstante, el funcionario matizó que este total integra liberaciones realizadas desde las últimas semanas del año anterior. Posteriormente, Cabello ajustó la cifra a 896 excarcelados, restando un caso tras la nueva aprehensión del dirigente de oposición, Juan Pablo Guanipa.
El caso de Guanipa ha generado especial atención, debido a que su nueva detención ocurrió el domingo por la noche, apenas unas horas después de haber obtenido su libertad. El político se encontraba bajo custodia desde el mes de mayo del año pasado, y su situación fue vinculada por las autoridades al operativo de excarcelaciones iniciado en enero.
Origen y contexto de las medidas
El esquema de liberaciones fue anunciado originalmente el 8 de enero por el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. En dicha comparecencia, el legislador adelantó que un “número importante” de personas privadas de libertad recibirían medidas de gracia, aunque en ese instante no se detallaron los nombres de los beneficiarios, los tiempos de ejecución ni las condiciones legales de las mismas.
Ante la falta de información detallada, los allegados y activistas de derechos humanos han mantenido una presencia constante en las inmediaciones de los centros de reclusión. En puntos estratégicos como el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), las familias han instalado vigilias y campamentos temporales a la espera de noticias sobre sus parientes.
Posición de la Iglesia y sociedad civil
La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) se ha pronunciado sobre el tema, instando a que se otorgue la libertad plena y definitiva a todos los detenidos. La cúpula eclesiástica advirtió que la gran mayoría de las salidas de prisión se han dado bajo libertad condicional. Esto conlleva la imposición de diversas medidas cautelares, entre las que destacan:
- La prohibición de salida del territorio nacional.
- La obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades judiciales.
- La restricción de emitir declaraciones ante medios de comunicación.
Simultáneamente, la organización Espacio Público, que vela por la libertad de expresión, lamentó que el Gobierno no haya divulgado todavía un listado formal de los excarcelados. Según la ONG, la ausencia de transparencia oficial dificulta una verificación independiente y técnica de cada caso y sus respectivas restricciones legales.
Esta divergencia entre los datos del Foro Penal y los balances del Ministerio de Interior evidencia la complejidad del proceso. Mientras la ONG se limita a las verificaciones directas del último mes, el Estado presenta un consolidado que engloba periodos anteriores al anuncio de enero.
Avances legislativos y críticas
En el ámbito legislativo, se espera que el Parlamento someta a segunda discusión esta semana el proyecto de ley de amnistía, una iniciativa promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Dicha propuesta ya recibió el visto bueno inicial durante la sesión del pasado jueves.
Sin embargo, el texto no ha estado exento de cuestionamientos. Diversas plataformas de la sociedad civil han señalado que el proyecto contiene
“contradicciones” y “conflictos de intereses”
en su redacción técnica, lo cual ha generado dudas sobre su aplicación efectiva y equitativa.
El panorama se mantiene bajo una tensa expectativa mientras los debates en la Asamblea Nacional coinciden con la persistencia de las familias en las calles. Las vigilias que se activaron tras el anuncio de Jorge Rodríguez continúan siendo un símbolo de la demanda ciudadana por la libertad de los presos políticos en diversas ciudades del país.
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