La Fiscalía ha formalizado un recurso ante el Tribunal Constitucional con el firme objetivo de conseguir la anulación de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo contra quien fuera el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este proceso legal se originó tras la controversia por la filtración de la confesión de culpabilidad de Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el marco de un procedimiento por fraude fiscal.
Vulneración de derechos fundamentales
En el documento presentado ante el tribunal de garantías, el Ministerio Público sostiene que los magistrados integrantes de la Sala Segunda incurrieron en la transgresión de cinco derechos fundamentales de García Ortiz, tanto durante el desarrollo del proceso como en la resolución definitiva. El escrito de defensa argumenta de manera categórica que el entonces fiscal general actuó en estricto apego a su deber de “informar verazmente” a la ciudadanía. Se recalca que la información difundida consistía en datos que “ya eran conocidos” públicamente, y que su publicación fue una respuesta necesaria ante las “imputaciones delictivas falsas aparecidas en los medios” de comunicación.
Cuestionamiento a la valoración de pruebas
La estrategia de la Fiscalía se fundamenta en que el análisis probatorio realizado por el Supremo habría resultado “sesgada e irrazonable”. El recurso pone especial énfasis en las declaraciones vertidas por diversos periodistas, quienes bajo juramento negaron haber obtenido la filtración por parte del fiscal. Estos profesionales de la información aseguraron que ya tenían en su poder el correo electrónico en cuestión mucho antes de que Álvaro García Ortiz tuviera acceso al mismo, lo cual ocurrió durante la noche del 13 de marzo de 2024.
Para la parte recurrente, la sentencia condenatoria no otorgó la relevancia jurídica necesaria a estos testimonios clave. Al desestimar tales evidencias, la Fiscalía considera que se ha quebrantado de forma directa el derecho a la presunción de inocencia que amparaba al ex fiscal general del Estado, invalidando así los argumentos que sostuvieron su condena inicial.
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