Independencia para actuar y probidad son características obligatorias que deberá reunir quien llene la vacante que dejó Diana Salazar en la Fiscalía General y que atrajo a 75 aspirantes a ser parte de una de las competencias más esperadas de los últimos siete años, al ser una institución clave que investiga tanto los delitos de corrupción como los comunes.
En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una comisión ciudadana realiza un concurso público de oposición, méritos e impugnación para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía para un periodo de seis años.
En la víspera, esta comisión de nueve (de diez) integrantes revisa que estos 75 precandidatos cumplan los requisitos contemplados en la ley para ocupar un cargo, los que sean admitidos seguirán a la calificación de méritos.
Esta fase se iniciaría a inicios de abril y el objetivo es calificar la experiencia profesional y académica de los concursantes sobre 50 puntos, que se sumarán a otros 50, que corresponden a un examen escrito y oral.
Seguirá la impugnación ciudadana, en la que se evalúa la probidad y la ética de los candidatos. Finalmente, la designación recaerá sobre aquel postulante que obtenga la calificación más alta y haya superado el escrutinio público.
En la Constitución se define a la Fiscalía como la entidad que dirige de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal y debe ejercer la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas.
Quien sea designado como primera autoridad de la Fiscalía tendrá que continuar con el seguimiento e impulso a no menos de 20 casos de investigación descritos como de “connotación”. Entre estos están Purga, Plaga, Magnicidio FV, Independencia Judicial, Jaque, Triple A, Goleada, Liga Azul y otros más.
¿Son suficientes estos requisitos o cuál es el perfil que necesita el Ecuador?
El presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade), Paúl Ocaña, cree que el fiscal que espera el Ecuador es uno que atienda el clamor de la ciudadanía, que es el combate al narcotráfico, el lavado de activos, a las estructuras criminales, a la delincuencia organizada. “Una política de enfrentamiento”, dijo.
Para hacer frente al crimen organizado se necesita una autoridad que goce de independencia judicial de los gobiernos de turno y que las investigaciones se hagan estrictamente cuando haya un delito que investigar.
“Mucha probidad en su accionar, probidad patrimonial, política, profesional, que sea un conocedor del derecho penal, del procesal penal, litigación oral, penal internacional para que tenga una excelente administración”, opinó Ocaña.
El promotor del movimiento ciudadano Firmes Ecuador, el abogado André Santos, espera que el nuevo fiscal tenga “una actitud completamente patriota, con motivaciones espirituales, que busque restaurar realmente el orden en este país”.
“La Fiscalía es uno de los organismos más importantes de lucha contra la justicia criminal, dado que sin fiscal no hay juicio penal. Entonces, es el fiscal quien tiene que realmente esforzarse en la investigación y en los procesamientos penales. El perfil del siguiente fiscal tiene que, necesariamente, enfocarse en el crimen organizado”, reflexionó.
Si bien es una prioridad que la Fiscalía procese los delitos en contra de la administración pública, también hay que “priorizar los delitos sangrientos, de secuestro, sicariato, extorsión, explosivos, etcétera, terrorismo, porte de armas largas. Es importantísimo que el siguiente fiscal tenga como política el procesamiento masivo de estos delitos y priorice la prisión preventiva para casos graves, para perfiles criminales que tengan más de dos detenciones en delitos violentos”, añadió el jurista.
El coordinador de la comisión de seguimiento al concurso público, Marcelo Espinel, ahondó que la Fiscalía “siempre ha sido de interés del poder económico y político, porque son ellos los que tienen intereses al respecto de a quién se debe investigar y a quién no. Lamentablemente, en las circunstancias actuales ya no solo es el poder político y económico, sino también el poder criminal”, añadió.
“Lo que necesitamos es un fiscal que no solo cumpla con los requisitos formales, como la trayectoria, conocimientos, sino que sea alguien que tenga independencia del poder político, independencia del poder económico e independencia del poder criminal”, reflexionó Espinel.
A su criterio, la elección del fiscal va “más allá del perfil, porque no hay un perfil que sea mejor o peor para el crimen organizado”. “No es que necesitamos un fiscal más o menos ‘gallito’, sino que requerimos que la institucionalidad del Estado pueda responder adecuadamente frente a presiones que vengan de cualquier sector, incluido el crimen organizado”, puntualizó.
Un breve diagnóstico del estado de la Fiscalía
En un último informe de cuentas del organismo, que se presentó en la Asamblea Nacional a inicios de 2026, se reveló que hay una tasa de 4,87 fiscales por cada 100.000 habitantes, lo que indica que Ecuador sitúa la capacidad operativa por debajo del estándar de ocho fiscales por cada 100.000 habitantes.
Para 2026 se requiere la incorporación de al menos 631 agentes fiscales adicionales, lo que implica un total de 1.893 nuevos servidores judiciales (incluyendo secretarios y asistentes), describe el documento.
Fuente: El Universo
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