La Fiscalía General del Estado tiene abiertas dos investigaciones previas por los atentados contra la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en Quito y Machala.
La institución ahora centra sus esfuerzos en determinar la “eventual conexión” entre los ataques con explosivos perpetrados en Machala y Quito ocurridos el 12 de junio y el 29 de junio de 2026, respectivamente.
Para ello, la Fiscalía dispuso el desplazamiento del expediente a la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con el fin de unificar las pistas sobre lo que el Gobierno ya califica como actos de terrorismo destinados a frenar el “control minero” en el país.
Según los documentos oficiales, la Fiscalía de Machala ya practicaba diligencias bajo la Investigación Previa Nro. 070101826060271 tras la explosión del 12 de junio. Sin embargo, tras el segundo ataque en la capital, las autoridades detectaron patrones que sugieren una operación coordinada.
La justicia investiga si los explosivos, los panfletos amenazantes y el modus operandi responden a una misma estructura criminal que buscaría intimidar a la cúpula de la agencia.
Sesenta días de emergencia institucional
El nuevo Director Ejecutivo de la Arcom, Marco Antonio Sanabria, firmó el 15 de julio la Resolución ARCOM-ARCOM-2026-0023-R, declarando la emergencia institucional por 60 días.
Con la declaratoria se busca “precautelar la integridad de los servidores públicos, la protección de bienes y archivos institucionales y la continuidad del ejercicio de las competencias”.
La resolución justifica esta decisión ante la “imposibilidad material y temporal de realizar procedimientos de contratación comunes” para blindar las sedes y proteger al personal. Bajo este régimen, la Arcom podrá contratar de forma ágil servicios de seguridad armada, blindaje de infraestructura y sistemas de monitoreo.
La Arcom sustenta la emergencia en que los ataques “constituyen una amenaza real y tangible contra la seguridad institucional y nacional”, basándose no en percepciones subjetivas, sino en “actos concretos de terrorismo que vulneran el orden constitucional”.
Un mes de violencia extrema
Según la declaratoria, los ataques violentos ocurrieron luego de que entre el 8 y el 11 de junio de 2026, la Arcom ejecutara 88 operativos en territorio para suspender concesiones mineras irregulares.
Solo 24 horas después de finalizar estas acciones, la noche del 12 de junio, un artefacto explosivo sacudió el edificio de la Dirección Distrital en Machala, dejando daños materiales y panfletos con amenazas directas.
La escalada no se detuvo.
La madrugada del lunes 29 de junio, la planta central de la Arcom en Quito sufrió un ataque similar: dos artefactos explosivos abandonados en maletas detonaron en los exteriores, afectando a tres guardias de seguridad.
La onda expansiva destruyó ventanales de la agencia y del Ministerio de Agricultura, dejando una escena de vidrios rotos y humo en el sector de La Pradera, al norte de la ciudad.
En el lugar, la policía halló un panfleto titulado “Segundo y último aviso“. El mensaje lanza advertencias contra la cúpula de la institución, mencionando específicamente al entonces director Francisco C., a quien acusan de liderar una supuesta red de extorsión que cobraría el “5%” de las facturas de exportación.
La declaratoria de emergencia no solo responde a los explosivos en las oficinas, sino a un contexto de violencia macabra en las zonas mineras.
Apenas días antes del atentado en Quito, las autoridades hallaron un cuerpo desmembrado en Loja y una cabeza humana en Zaruma. Junto a los restos, los criminales dejaron mensajes que vinculan a empresarios mineros con supuestos favores dentro de la Arcom, alegando que se usa a la agencia para “amedrentar” a competidores.
A esto se suman escándalos de exfuncionarios públicos. En marzo y abril de 2026, los directores de la Arcom en Zamora Chinchipe y Azuay fueron separados tras filtrarse audios donde supuestamente exigían coimas de hasta USD 2.500 semanales a mineros artesanales para permitirles operar o favorecerles en trámites.
La institución ha ratificado que “ninguna amenaza ni acto criminal frenará nuestra labor de regulación y control”.
Radio Pichincha
LV