La reciente caída de Nemesio Oseguera, identificado bajo el alias de El Mencho, en el marco de una contundente operación militar, establece un escenario de aprendizajes ineludibles para la región. En la actualidad, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolida como la segunda estructura criminal más violenta y con mayor despliegue en el continente americano, superada únicamente por la red delictiva que encabezaba Nicolás Maduro en Venezuela. Con operaciones que abarcan desde el río Grande hasta la Patagonia mediante nexos con bandas regionales y locales, el vacío que deja esta baja tendrá repercusiones profundas en toda América Latina.
El primer aprendizaje se centra en la reconfiguración de la guerra contra las drogas. Tras años de una política estadounidense que, bajo las administraciones de Obama y Biden, fue percibida como tolerante y facilitó el empoderamiento de estas mafias, hoy Estados Unidos ha cambiado de rumbo. Ante la alarmante cifra de fallecimientos en sus propias calles, la potencia norteamericana ha decidido catalogar al narcotráfico como una amenaza directa a la seguridad nacional, desplegando instrumentos de fuerza y presión sin precedentes.
Esta nueva fase incluye tácticas como el hundimiento de embarcaciones, la imposición de sanciones a naciones señaladas como cómplices y la neutralización de figuras clave, tanto criminales como políticas. Ejemplos claros de esta estrategia son los casos de El Mencho y Maduro, quienes representan los objetivos prioritarios de esta ofensiva frontal.
Los efectos de esta presión internacional ya se perciben en el ámbito político. Figuras como Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia han tenido que modificar su postura y acciones frente al problema de las drogas, independientemente de que su retórica oficial sugiera lo contrario. En el caso de Petro, pese a que su gestión se acerca al final, se ha visto obligado a retroceder en su inicial camino de coexistencia con estas organizaciones debido a los altos costos políticos y de seguridad.
La vigilancia de Estados Unidos sobre lo que ocurre en los territorios mexicano y colombiano es constante. Sheinbaum es consciente de que las investigaciones ahora apuntan hacia su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señalado por instaurar un modelo de convivencia con los carteles. Por otro lado, Petro y los hermanos Rodríguez en Venezuela permanecen bajo estricta observación. Parece haber llegado a su fin la estrategia que AMLO denominó popularmente como
“abrazos y no balazos”
.
La vulnerabilidad de los líderes criminales
Una segunda lección fundamental es que ningún delincuente, por poderoso que se crea, es intocable. El Ejército mexicano, a pesar de las críticas por corrupción, logró ejecutar una operación de alta precisión en apenas 48 horas con apoyo de inteligencia estadounidense. Este hecho obliga a los grupos delictivos a replantearse su capacidad de enfrentar directamente al Estado.
Un momento significativo de esta transición fue observar al secretario de Defensa de México, el general Ricardo Trevilla, visiblemente afectado al reportar las bajas militares ocurridas durante la misión. Su reacción subraya un cambio profundo, pues anteriormente las fuerzas armadas eran blanco de ataques impunes mientras desde el poder político en el Zócalo se limitaba cualquier respuesta ofensiva bajo la premisa de evitar confrontaciones.
Resulta notable el mutismo de López Obrador ante el desenlace de esta operación. Aunque actualmente goza del respaldo de la presidenta Sheinbaum, el futuro de AMLO y el de sus hijos —quienes han sido señalados en diversas investigaciones de negocios irregulares— es incierto, ya que la protección política tiene límites temporales y estratégicos.
Reacción violenta y el control territorial
Como tercer aprendizaje, se destaca la importancia de contar con planes de contingencia para mitigar las represalias criminales. Tras el operativo, cerca del 70% del territorio mexicano experimentó brotes de violencia, incluyendo el incendio de vehículos, autobuses y dependencias del gobierno.
Siguiendo tácticas que recuerdan a las de Pablo Escobar, el crimen organizado puso precio a la vida de uniformados, ofreciendo 20 mil pesos mexicanos (poco más de mil dólares) por cada policía o militar asesinado. Los reportes iniciales indicaron que 25 militares perdieron la vida tras el operativo. Ante este panorama, la lección es clara: el Estado debe responder con el uso legítimo de la fuerza para disuadir a los agresores, bajo la premisa de que a este fuego criminal se le debe responder con la firmeza del Estado.
En cuarto lugar, la experiencia de México demuestra que ignorar el crecimiento del narco durante décadas conduce inevitablemente a un narcoestado. Recuperar la institucionalidad en las zonas controladas por el crimen requerirá de reformas profundas, como la disolución de policías municipales infiltradas y el castigo penal a los vínculos entre la política y la economía ilícita.
La justicia ya ha comenzado a actuar y Nicolás Maduro es el primer gran referente. Se espera que próximamente otros políticos de la región enfrenten procesos similares. Testimonios clave como los de Pollo Carvajal, Cliver Alcalá y el Mayo Zambada —quienes colaboran con la justicia estadounidense— serán el motor de una nueva ola de extradiciones. El grito de Maduro retando a las autoridades con un
“vengan por mi”
tuvo una respuesta directa, y se prevé que el mismo destino alcancen otros líderes como AMLO.
El desafío de la continuidad institucional
Finalmente, una lección proveniente de Colombia advierte que la presión debe ser constante para evitar retrocesos. Aunque en el pasado dicho país logró reducir sustancialmente sus cultivos de coca, durante el gobierno de Santos se desmantelaron políticas antidrogas clave en el marco de la negociación con las Farc, lo que resultó en un crecimiento explosivo de las hectáreas de coca para el año 2018.
El partido oficialista mexicano, Morena, se encuentra bajo la lupa debido a las evidencias de complicidad con grupos narcos en diversas entidades. La actual presidenta Sheinbaum enfrenta un dilema crítico entre la influencia que aún ejerce AMLO sobre el partido y la presión externa de Estados Unidos y figuras como Donald Trump. La incomodidad mostrada en sus recientes apariciones públicas refleja esta encrucijada política.
Por su parte, la oposición, incluyendo al PRI, debe asumir una postura de respaldo a las acciones de seguridad si se pretende rescatar el futuro de la nación.
Restan dudas sobre la ejecución de este operativo, como la ausencia del secretario de Seguridad en el proceso o por qué fue el Ejército y no la Marina la encargada de la acción. No obstante, la caída de El Mencho y la captura de Maduro representan triunfos significativos que refrescan la esperanza de que la criminalidad puede ser sometida por el orden institucional.
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