El 3 de enero, fuerzas especiales estadounidenses capturaron en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Este hecho, sin embargo, ha dejado múltiples interrogantes sin respuesta.
A raíz de lo sucedido, dos oficiales del Ejército y seis agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) permanecen detenidos desde el 21 de enero. Sus familiares denuncian que están siendo torturados por su presunta vinculación con la captura.
Yury Burgos, esposa del teniente coronel Manuel Oria Arteaga —jefe del centro general de comunicaciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada—, declaró:
“Sabemos exactamente quienes fueron los que ejecutaron la extracción de Nicolás Maduro y, sin embargo, tienen a ocho personas detenidas”.
Burgos se pronunció durante una manifestación de familiares de presos políticos que recorre distintas instituciones para exigir la liberación de sus seres queridos.
La señora indicó que Oria Arteaga enfrenta acusaciones de conspiración y traición a la patria.
“Dicen que él pidió unas coordenadas, cuando él era jefe del centro general de comunicaciones”,
subrayó, argumentando que se trataba de sus labores regulares.
Burgos afirmó que
“el acta policial está totalmente viciada”
y que mantienen el expediente “engavetado porque es un caso clasificado”. Entre las irregularidades, destacó que tras 240 días en cautiverio, el oficial aún no ha tenido la audiencia preliminar del juicio.
Excesos
Jeimy Guzmán, esposa del funcionario Álvaro Roger Valladares, narró al portal Efecto Cocuyo los abusos:
“Fue colgado con tres cadenas de aproximadamente diez centímetros cada una y sufrió torturas injustificadas”.
Marli Morillo, cónyuge del comisario jubilado José Gregorio Rivas Sifuentes, relató:
“Lo sacaban para golpearlo, para torturarlo, supe que fue guindado y que le pusieron electricidad”.
Burgos añadió que
“los colgaban por los brazos, les colocaban corriente, los mojaban, los metían debajo de una batea y comían una vez al día una taza de arroz con aceite”.
Ninguna instancia del Estado ha adelantado una investigación para desentrañar lo ocurrido el 3 de enero. Tras encargarse de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez removió al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien acumulaba 11 años en el cargo, y lo nombró en la cartera de Agricultura.
Versiones periodísticas reseñaron que unos 30 efectivos de la policía científica habían sido detenidos por “negarse a adulterar pruebas en Fuerte Tiuna”, principal base militar del país de donde se llevaron a Maduro y Flores.
El jefe del organismo, Douglas Rico, aseveró que la noticia era falsa, añadiendo que
“no existe ningún procedimiento que involucre la detención de tal cantidad de funcionarios”,
mas no ofreció detalles sobre el caso.
Fuente: Infobae