La justicia de República Centroafricana (RCA) ha puesto en marcha un proceso judicial de alto impacto contra el expresidente François Bozizé, quien enfrenta acusaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad. El exmandatario, exiliado en Guinea Bissau desde 2023, no se presentó ante el tribunal que lo juzga junto a otros tres exaltos cargos de las Fuerzas Armadas.
El órgano encargado de llevar el caso es el Tribunal Penal Especial (CPS, por sus siglas en francés), creado en junio de 2015 con el objetivo de investigar y sancionar las «violaciones graves de Derechos Humanos» ocurridas en el país africano a partir de 2003. Este tribunal de carácter híbrido está conformado por 25 magistrados, de los cuales 13 son nacionales y 12 internacionales, y cuenta con el respaldo de Naciones Unidas.
En abril de 2024, la corte emitió una orden de arresto contra Bozizé por presuntos delitos cometidos entre 2009 y 2013, durante su mandato presidencial que se extendió de 2003 a 2013. Según la acusación, las violaciones habrían sido ejecutadas por la Guardia Presidencial y las fuerzas de seguridad en la prisión y el centro de entrenamiento militar de Bossembélé.
Otros acusados y cargos
Junto al exmandatario, el tribunal procesa a Firmin Junior Danboy, Eugène Ngaikosset y Vianney Semndiro, antiguos altos mandos militares. Los tres enfrentan acusaciones por asesinato, desaparición forzosa y torturas. Fueron detenidos entre 2021 y 2022 y permanecen bajo custodia.
El director regional de Amnistía Internacional para África occidental y central, Marceau Sivieude, señaló que la apertura del juicio contra Bozizé «demuestra una notable voluntad por parte de la CPS para luchar contra la impunidad y administrar justicia para que se haga realidad el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación».
«Sin embargo, el hecho que Bozizé sea juzgado in absentia empaña considerablemente este proceso judicial. Es fundamental que el expresidente sea detenido, extraditado y juzgado en persona», sostuvo Sivieude.
El representante de la organización agregó que la corte «solo puede cumplir su mandato si las autoridades nacionales y todos los Estados, especialmente aquellos que acogen a sospechosos, cooperan plenamente». En este sentido, destacó que «más de 30 sospechosos contra los que el CPS ha dictado órdenes de detención siguen en libertad en otros casos». «Todos deben ser detenidos y llevados ante el tribunal competente», insistió Sivieude, según un comunicado de Amnistía Internacional.
El activista explicó que «la ejecución de las órdenes de detención garantiza juicios justos en los que víctimas y supervivientes pueden encontrarse cara a cara con los acusados, y los acusados tienen la oportunidad de defenderse». Y concluyó: «Y un elemento crucial: también significa que quienes sean declarados culpables de los más atroces crímenes se enfrentarán a las consecuencias de sus actos».
Fuente: Infobae