La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió los criterios técnicos de Juan Vizueta y Sandra Morejón, expertos en Ciencias Penales y Criminológicas, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Vizueta inició su intervención con una reflexión sobre el garantismo penal en la legislación ecuatoriana. Señaló que, posteriormente, se introdujeron modificaciones que lo convirtieron en un sistema con múltiples parches, resultado de la incorporación de enfoques provenientes de diversas corrientes jurídicas.
En relación con la presente reforma, destacó aspectos importantes como el derecho de la persona sentenciada al “doble conforme”; el tratamiento del aborto, en concordancia con los criterios de la Corte Constitucional; y el delito de peculado, entre otros temas. Sin embargo, solicitó analizar la responsabilidad de los administradores o miembros de empresas públicas, al considerar que el peculado es esencialmente doloso.
Respecto del delito de delincuencia organizada y la pena de 26 a 30 años de prisión, señaló que el incremento de las penas no necesariamente combate el delito ni constituye una solución efectiva, pues en la práctica no produce los resultados esperados. Subrayó la necesidad de considerar la dosimetría penal como un cálculo preciso de la pena en función del delito y advirtió sobre una posible “expansión excesiva del derecho penal”.
Otros aspectos técnicos analizados fueron la caducidad de la prisión preventiva, la prueba no anunciada, el procedimiento directo y la necesidad de evitar el uso de terminología anglosajona.
Por su parte, Morejón centró su análisis en el delito de delincuencia organizada, orientado a determinar la estructura criminal, que en ocasiones tiene carácter transnacional. Profundizó en las técnicas especiales de investigación para probar dicha estructura, los métodos probatorios tradicionales, la evidencia digital y el análisis financiero.
En este contexto, solicitó que, en la investigación de la delincuencia organizada, se considere el control de comunicaciones y datos como elementos necesarios para la obtención de pruebas, la acusación fiscal y el desarrollo de audiencias, tomando en cuenta, además, el Convenio de Budapest sobre delitos cibernéticos.
Tras las observaciones, la presidenta de la comisión, Rosa Torres, destacó los criterios técnicos de los expertos, los cuales permitirán a la mesa legislativa perfeccionar la reforma al COIP, que actualmente cuenta con 76 iniciativas legislativas en trámite.
AM