En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial para Sancionar los Delitos en los Espacios Acuáticos Nacionales, la Comisión de Biodiversidad recibió los aportes técnicos y jurídicos del abogado y magíster en Derecho Penal Ambiental y Espacios Acuáticos, José Antonio Cevallos García.
El especialista destacó la importancia de fortalecer la normativa vigente para combatir delitos cometidos en zonas marítimas, fluviales y lacustres, especialmente aquellos relacionados con el robo a pescadores artesanales, el tráfico ilícito, la extracción ilegal de especies protegidas y otros actos que afectan la seguridad y los ecosistemas acuáticos del país.
Cevallos explicó que la propuesta se ajusta a la Constitución y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), al tiempo que fortalece las competencias de la Armada del Ecuador como autoridad marítima y policía marítima nacional, para actuar en casos de flagrancia en espacios acuáticos.
En ese contexto, precisó que, debido a las condiciones geográficas y operativas en alta mar, la Armada puede ejecutar acciones inmediatas de custodia, acompañamiento y preservación de indicios hasta arribar al puerto seguro más cercano, donde posteriormente interviene la Fiscalía General del Estado para iniciar el proceso penal correspondiente.
Asimismo, resaltó que existe una articulación permanente entre la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) y la Fiscalía, mediante fiscales especializados en espacios acuáticos en distintas capitanías de puerto del país, lo que fortalece la investigación y judicialización de delitos marítimos y ambientales.
El especialista también señaló que la reforma constituye un avance importante para enfrentar problemáticas como la pesca ilegal, el tráfico de combustibles, el crimen organizado y los delitos ambientales que ponen en riesgo la biodiversidad marina y fluvial del Ecuador.
Enfatizó que el COIP ya contempla mecanismos de protección ambiental relacionados con el agua, la biodiversidad y los ecosistemas; sin embargo, consideró necesario continuar fortaleciendo las políticas públicas y las herramientas legales para prevenir la impunidad y garantizar una respuesta efectiva del Estado frente a los delitos en los espacios acuáticos nacionales.
Durante la sesión, la presidenta de la Comisión, Camila León, destacó la importancia de esta iniciativa legislativa en el contexto de la lucha contra la inseguridad que enfrenta el país. Señaló que el proyecto representa un paso relevante en la construcción de un ordenamiento jurídico coherente y eficaz para proteger a la ciudadanía.