La abogada Stephany Vega, quien se desempeñó como asesora de alta dirección en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y fue considerada la mano derecha del mandatario interino José Jerí, ratificó este lunes que enfrenta una indagación fiscal. El proceso responde a una denuncia por presunto lavado de activos, derivada de un incremento notable en su patrimonio personal.
Pese a la gravedad de los señalamientos, Vega desmintió de forma categórica que se haya sumado al proceso de colaboración eficaz. En su primera comparecencia ante los medios tras dejar su puesto, específicamente en el espacio Beto a Saber de la cadena Willax, sostuvo que no abandonará el país para evitar suspicacias.
“No soy colaboradora eficaz porque yo no he cometido ningún delito y para ser colaboradora eficaz tengo que aceptar que he cometido un delito y luego entregar información y en ninguno de esos aspectos lo soy”
, enfatizó la jurista.
Razones de su renuncia y tensiones en el despacho
Según su testimonio, la decisión de dimitir respondió a motivos estrictamente personales, buscando priorizar su “carrera profesional y familia”. No obstante, admitió que su salida se dio en un clima de desconfianza interna, donde fue acusada de filtrar datos confidenciales a la prensa tras la publicación de diversos reportajes televisivos. “A raíz de las notas que pasaron justamente en el programa, sí fui señalada, no para el presidente, pero sí tuve muchos comentarios que me decían que era yo”, detalló.
Adicionalmente, la abogada defendió la gestión dentro del despacho de José Jerí, indicando que no se produjeron encuentros anómalos ni en sus oficinas ni en la sede presidencial tras la vacancia de Dina Boluarte. Comentó que la transición fue compleja para el gobernante: “El presidente no estuvo preparado para llevar un equipo, (…) le cayó como un baldazo. La primera semana prácticamente no durmió. Salió a la calle, salió de madrugada, todo está registrado. Y las profesionales que venían del Congreso lo acompañaron”.
Patrimonio bajo sospecha: Lujos y explicaciones
El núcleo de la acusación contra Stephany Vega por lavado de activos se centra en adquisiciones realizadas entre 2023 y 2024. Estas incluyen un departamento con un valor estimado de 120.000 dólares, además de vehículos de gama alta de las marcas Audi y BMW. Ante esto, la exasesora aseguró contar con el respaldo financiero para justificar sus bienes, mencionando ingresos declarados por 70.000 dólares, el uso de sus fondos de la AFP y un préstamo de su familia por un monto de diez mil dólares.
- Explicó que el automóvil BMW fue comprado tras la venta del previo Audi.
- Sobre su vinculación a un bar en Miraflores que figura en su patrimonio, aclaró que se trató de un emprendimiento compartido con amigos, incluyendo a dos jóvenes de 18 años, hijas de un conocido con trayectoria en el rubro de entretenimiento y restaurantes.
Antecedentes y contexto político crítico
La figura de Vega ya había generado controversia en 2022, cuando se difundieron imágenes de su participación en una reunión social clandestina junto al entonces congresista y actual gobernante. El medio digital El Foco reveló videos de ambos en el bar Elephant de la Calle de las Pizzas en Miraflores, evento que se desarrolló infringiendo las restricciones de bioseguridad vigentes en aquel momento, como el distanciamiento y el uso de mascarillas.
Este nuevo escándalo surge en un momento de extrema fragilidad para el Ejecutivo. El Congreso tiene previsto debatir mociones de censura que podrían terminar con la destitución de José Jerí. De concretarse, este sería el octavo cambio presidencial en el país en menos de una década, a solo dos meses de las elecciones generales.
Actualmente, el apoyo al mandatario es limitado, siendo el fujimorismo el único grupo de peso que lo respalda explícitamente, a pesar de que la Fiscalía mantiene abiertas investigaciones en su contra por presunto tráfico de influencias relacionado con reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado.
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