Una coalición internacional integrada por España y otras 19 naciones y organismos ha emitido una contundente declaración sobre la situación financiera de la Autoridad Palestina.
“Esos ingresos deben transferirse a la Autoridad Palestina, de conformidad con el Protocolo de París, y son vitales para la prestación de servicios básicos a la población palestina en Gaza y Cisjordania”
manifestaron los firmantes. Este pronunciamiento conjunto insta a Israel a desbloquear de forma inmediata los recursos fiscales retenidos, argumentando que dichos fondos son determinantes para garantizar la supervivencia cotidiana de la población civil en los territorios palestinos.
Condena a la expansión territorial
En el documento presentado este lunes, un amplio grupo de gobiernos y entidades —que incluye a Francia, Brasil, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Indonesia, Irlanda, Egipto, Jordania, Luxemburgo, Noruega, Palestina, Portugal, Catar, Arabia Saudí, Eslovenia, Suecia, Turquía y España, además de los líderes de la Liga de los Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica— rechazaron los planes del ejecutivo israelí para incrementar su dominio sobre Cisjordania. El bloque denunció que las acciones unilaterales de Israel, específicamente el avance en la creación de asentamientos y la validación del proyecto conocido como E1, representan una “violación flagrante” del derecho internacional.
Los estados firmantes alertaron que estas maniobras pretenden alterar la realidad demográfica, legal y administrativa del Territorio Palestino Ocupado desde el año 1967, incluyendo la zona de Jerusalén Este. Advirtieron que estas medidas comprometen seriamente la viabilidad de una solución de dos Estados y entorpecen las gestiones de paz globales, como el Plan de 20 puntos para Gaza. Por ello, la coalición rechazó cualquier movimiento enfocado en una anexión de facto, calificándolo como un obstáculo para la futura soberanía palestina.
Llamado al respeto de los tratados internacionales
El comunicado exige formalmente al gobierno israelí la revocación de sus recientes decretos y el cumplimiento estricto de las obligaciones pactadas en tratados internacionales. Se hizo énfasis en que Israel debe evitar cualquier acción que genere transformaciones irreversibles en la gestión de las zonas ocupadas. Para los países involucrados, la expansión de los asentamientos es una agresión directa contra la solución binacional promovida por las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Iniciativa de Paz Árabe.
Asimismo, el documento incorpora una petición directa para que cesen los actos de violencia en Cisjordania. Los firmantes exhortaron a las autoridades israelíes a implementar medidas reales para frenar los ataques de colonos contra ciudadanos palestinos, asegurando que los perpetradores se sometan a la justicia. La comunidad internacional manifestó su preocupación por el incremento de incidentes violentos, recordando que el derecho internacional humanitario obliga a todas las partes a proteger a los civiles.
Preservación del patrimonio y estabilidad regional
Coincidiendo con el mes del Ramadán, los signatarios subrayaron la urgencia de mantener el statu quo legal e histórico de los sitios sagrados de Jerusalén. En este contexto, se resaltó el papel fundamental de la monarquía hachemita en la custodia de estos lugares y se condenaron las infracciones constantes a la normativa vigente, advirtiendo que cualquier alteración en la ciudad sagrada pone en riesgo la estabilidad de todo el Oriente Próximo.
La postura unificada reafirma la oposición a cualquier tipo de anexión territorial y a los intentos de modificar la composición poblacional en las áreas ocupadas. Se insistió en la necesidad de coordinar acciones globales para detener el crecimiento de colonias consideradas ilegales por la comunidad internacional, alertando sobre las amenazas de desplazamiento forzado en la región.
Hacia un Estado Palestino soberano
Finalmente, los gobiernos y organismos reiteraron su compromiso con el establecimiento de un Estado palestino que sea democrático, independiente y soberano, basándose en las fronteras establecidas al 4 de junio de 1967. El texto sostiene que el respeto a las resoluciones de la ONU y la aplicación de la Iniciativa de Paz Árabe son el único camino para asegurar una convivencia pacífica en la región.
Es importante recordar que el pasado 15 de febrero, el gobierno israelí dio luz verde a un plan para declarar amplias zonas de Cisjordania como “tierras estatales”. Actualmente, tanto Cisjordania como la Franja de Gaza y Jerusalén Este permanecen bajo control militar desde la guerra de 1967. Se estima que cerca de 700.000 colonos israelíes habitan en estos territorios, una práctica que el derecho internacional califica como ilegal y tipifica como un crimen de guerra.
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