El Ministerio de Cultura de España ha ratificado este miércoles que remitirá «en breve» ante la justicia el informe técnico necesario para que se determine la disolución legal de la Fundación Francisco Franco. El documento oficial se encuentra actualmente en la fase final previa a su firma, luego de que el departamento gubernamental evaluara las alegaciones presentadas por la propia entidad.
Evidencias de apología al régimen
De acuerdo con las declaraciones del secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, el informe contiene pruebas que calificó como «indiscutibles» respecto a la exaltación del franquismo y la falta de respeto hacia las víctimas de la dictadura. Estos argumentos representarían la base jurídica fundamental para justificar la extinción de la organización. Martí Grau compartió esta información con los representantes políticos durante una sesión de la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados.
«Estamos a punto de firmar ya el documento que se traslada al juez para que tome la decisión definitiva. De modo que ahora, en breve, lo que se hará es trasladarlo al ámbito judicial y el ámbito judicial tendrá que decidir si las pruebas sobre la exaltación del régimen franquista y la figura de Francisco Franco y el ataque o el menosprecio, a las víctimas, justifican que la Fundación Francisco Franco quede disuelta definitivamente»
Acciones contra otras entidades similares
El secretario de Estado también anticipó que, una vez que se resuelva este proceso judicial, el Ejecutivo deberá analizar la situación de otras fundaciones que llevan nombres relacionados con los periodos de «la historia más negra» del país ibérico, inclusive si estas no poseen la misma relevancia o carga histórica que la del dictador.
Finalmente, el funcionario reflexionó sobre la tardanza histórica en abordar estas medidas, señalando que se trata de compromisos democráticos que el Estado aún tenía pendientes en comparación con otros estándares regionales.
«La única pregunta que nos podríamos hacer es por qué llega este tema ahora y no llegó en los años 80, cuando justo estábamos saliendo. Seguramente es difícil, nos habríamos de situar en aquel momento y había muchas otras tensiones, pero son deudas pendientes que este país ha de hacer y que desde el punto de vista europeo no se entiende que eso no se haya hecho»
Con este paso, el Gobierno español busca que sea la instancia judicial la que determine el cese definitivo de las actividades de la institución que honra la memoria de Francisco Franco, basándose en el cumplimiento de la normativa vigente sobre memoria democrática.
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