La implementación de las denominadas asociaciones público-populares, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, ha desatado una fuerte tormenta política en Colombia. La controversia escaló tras la publicación de un informe de Colombia Compra Eficiente, que revela la adjudicación directa de 80.736 contratos. El monto total de estas operaciones supera los $31 billones de pesos, según datos obtenidos a través de un derecho de petición.
Este modelo de contratación ha sido objeto de severas críticas tras ser invalidado por la Corte Constitucional, bajo el argumento de que vulnera los principios fundamentales de transparencia en la gestión pública. Diversos sectores políticos sostienen que esta herramienta se habría utilizado para consolidar el poder territorial del Pacto Histórico, la coalición oficialista. Entre las voces más críticas destaca la de Paloma Valencia, senadora y actual precandidata presidencial por el Centro Democrático, quien ha denunciado públicamente el alcance de estas maniobras.
Bajos niveles de ejecución presupuestaria
El reporte detallado de Colombia Compra Eficiente arroja cifras alarmantes sobre el avance real de estas obras. De la totalidad de acuerdos suscritos con resguardos indígenas, cabildos y juntas de acción comunal, únicamente el 7 % de los contratos ha llegado a su etapa de finalización. Esta situación evidencia una brecha significativa entre las promesas gubernamentales y la realidad en territorio.
Un ejemplo claro de este desfase se observa en el programa Caminos para la Paz. Mientras que la meta oficial planteaba la construcción de 33.000 kilómetros de vías rurales para el año 2025, el informe confirma que solamente se han intervenido 2.387 kilómetros hasta la fecha. Ante este panorama, la Contraloría General de la República y otros organismos de supervisión emitieron alertas durante el primer trimestre de 2026, señalando la opacidad y la falta de materialización de los proyectos, la mayoría de los cuales figuran estancados en estados de “ejecución” o simplemente “celebrados”.
Duras críticas de la oposición
La senadora Paloma Valencia no tardó en reaccionar ante la magnitud del desembolso económico frente a los nulos resultados sociales. La aspirante presidencial cuestionó las prioridades del Ejecutivo de manera tajante:
“Es increíble que con el sistema de salud colapsado se gasten 31 billones para comprar elecciones”
Según la legisladora, el promedio por cada contrato individual es de aproximadamente $384 millones, lo que a su juicio sugiere un intento por estructurar una base de militantes dependientes de los recursos del Estado.
Desglose de la inversión millonaria
La distribución de los recursos, según la información oficial proporcionada por Colombia Compra Eficiente, se organizó de la siguiente manera:
- Asociaciones comunales: 55.434 contratos por un valor superior a los $25 billones.
- Consejos comunitarios: 13.970 contratos que suman $2 billones.
- Resguardos: 2.274 contratos por $1 billón.
- Cabildos: 1.389 contratos por $700.000 millones.
- Juntas de Acción Comunal (específicas): 6.927 contratos por $6.900 millones.
- Cabildos indígenas: 742 contratos por $382.000 millones.
A pesar de esta inyección masiva de capital, la Cámara Colombiana de Infraestructura y la Contraloría han insistido en que la mayor parte del dinero sigue en proceso, con apenas 7.309 contratos finalizados en el sector de asociaciones comunales, lo que representa unos $4,7 billones.
El revés judicial y la inconstitucionalidad
En mayo de 2025, el entonces procurador general Gregorio Eljach intentó defender la legalidad de este esquema ante el alto tribunal, argumentando que
“flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional”
. No obstante, la Corte Constitucional desestimó estos argumentos al evaluar el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”.
El tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 100 y 101 de dicho plan, concluyendo que el Gobierno Nacional excedió sus facultades y omitió las normas de reserva de ley que regulan la contratación estatal. A pesar de que los artículos quedaron sin sustento legal y de las múltiples advertencias de los entes de control, los datos demuestran que durante la administración de Petro se concentró una suma de recursos sin precedentes bajo esta modalidad de contratación directa, dejando serias dudas sobre su transparencia e impacto real en las poblaciones beneficiarias.
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