El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, ordenó la publicación en el Registro Oficial la ley antimafias, que reforma varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado.
Desde este 11 de noviembre de 2026 entró en vigencia esta normativa, que tiene 39 artículos y que busca atacar a las estructuras criminales, sus mecanismos de financiamiento, sus redes colaboración, el control territorial, el ocultamiento patrimonial y la utilización ilícita de los sectores estratégicos.
La nueva ley combina el endurecimiento de las penas con nuevas figuras para identificar a quienes sostienen estas estructuras, mecanismos de cooperación con la Fiscalía y disposiciones para recuperar y administrar los bienes vinculados con actividades ilícitas.
Permite de forma excepcional la acumulación de penas de hasta 60 años de prisión por casos de tres o más delitos dolosos independientes.
La normativa en vigencia crea nuevos delitos, como el reclutamiento, incorporación o entrenamiento de personas mayores de 18 años de edad para cometer crímenes, y prevé cárcel de 10 a 16 años.
También se establece el delito de desplazamiento interno forzado, para lo cual se establece una pena de 7 a 10 años, mientras que el confinamiento forzado incluye penas de 5 a 7 años de prisión.
Igualmente, se incluyen sanciones para la colaboración externa, facilitadores logísticos y suspensión profesional de abogados o contadores que faciliten estructuras criminales. Esto incluye a quienes proporcionen asesoramiento técnico, contable, financiero o tecnológico, entreguen información o documentos o aporten dinero y activos financieros de manera ocasional. Para estas conductas se plantea una pena de entre diez y trece años de prisión.
Pero se aclara que la prestación legítima de servicios profesionales y el ejercicio de la defensa técnica no constituirán, por sí solos, colaboración externa. Es decir, para aplicar esta figura, deberá demostrarse que la asistencia se proporcionó conscientemente para facilitar las actividades ilícitas.
También la ley hace algunas precisiones, como el hecho de que los vínculos familiares, afectivos, vecinales, laborales, profesionales o comerciales con integrantes de una organización criminal no serán suficientes para determinar la existencia de pertenencia funcional. La Fiscalía deberá demostrar que existió una integración consciente y estable o reiterada a la estructura delictiva.
El proyecto también establece sanciones para quienes faciliten inmuebles, instalaciones, vehículos u otros recursos materiales a organizaciones criminales, cuando conozcan que serán utilizados para sostener sus operaciones o cometer delitos. La pena será de 10 a 13 años y aumentará de 13 a 16 años si estos espacios o medios sirven para almacenar armas, explosivos, drogas, maquinaria destinada a la minería ilegal, bienes de origen ilícito o mantener personas retenidas contra su voluntad.
Con estas nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se busca combatir el robo, el almacenamiento y la comercialización ilegal de hidrocarburos y sus derivados. Para ello, plantea reformar el artículo 264 del COIP e incorpora sanciones diferenciadas según la cantidad de combustible involucrada.
Las penas se dividirán en cuatro escalas: de uno a tres años de prisión para los casos de menor cantidad, de tres a cinco años para la escala mediana, de cinco a siete años para la alta y de siete a diez años para la gran escala.
Las sanciones alcanzarán a quienes almacenen, transporten, envasen, comercialicen, distribuyan o refinen ilegalmente hidrocarburos, derivados de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo y biocombustibles.
En la normativa también se contempla la cooperación eficaz reforzada. Esta figura busca incentivar a personas investigadas o procesadas por delincuencia organizada para que entreguen información que permita identificar y capturar a los principales integrantes de estas estructuras, recuperar sus bienes y activos o desarticular sus operaciones.
Quienes colaboren voluntariamente con la Fiscalía y proporcionen información precisa, verificable y relevante podrán acceder a una reducción de su condena. La pena podría establecerse desde el 7 % del mínimo previsto para el delito, aunque nunca será inferior a un año de prisión.
Para obtener este beneficio, la información deberá contribuir de manera determinante a la captura de personas que ejerzan funciones de dirección, financiamiento o mando, a la recuperación de bienes vinculados a las organizaciones o a la prevención de delitos graves.
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