El discurso oficial sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico ecuatoriano ha migrado de especie. En septiembre de 2024 el Gobierno atribuía los apagones inesperados al paso de una zarigüeya por una subestación, el 2026, en cambio, hay un nuevo protagonista en la última emergencia eléctrica en Santa Elena que duró 29 días: un ave de la zona.
Este contacto fortuito no solo dejó a oscuras a una gran parte de la provincia, sino que ha forzado a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) a impulsar un millonario proceso de arrendamiento de generación termoeléctrica firme por un valor de USD 4.318.952.
El incidente con el ave ocurrió a las 07:04, del 28 de febrero de 2026.
En ese instante, según el informe técnico de Celec, “disparó el autotransformador ATQ de 66.7 MVA de la subestación Santa Elena, debido a un cortocircuito en el terciario del mencionado equipamiento, por el contacto de un ave de la zona con las partes energizadas“.
Lo que parecía un incidente menor terminó en una “indisponibilidad permanente” del equipo, cuyas fallas internas no son reparables en el sitio.
Este evento golpea la economía del Estado. Los informes de contratación de Celec son contundentes al señalar que la falta de este transformador genera “pérdidas diarias por energía no suministrada y costos a reconocer por grupos electrógenos privados que oscilan entre USD 114.000 y 170.000 por día”.
Solo por el concepto de Energía no Suministrada (ENS), la provincia de Santa Elena reporto pérdidas de hasta USD 106.003 en un solo día de alta demanda.
Del “sabotaje” y la zarigüeya, a la realidad técnica
La narrativa gubernamental ha dado un giro desde aquellos días de 2024, cuando el entonces ministro de Energía Antonio Goncalves mencionaba que “pasas cosas raras, que hubo una falla humana o que hubo una zarigueya y quemo la subestación“, justificando el inicio de los apagones generalizados en Ecuador.
En ese entonces, el discurso oficial fluctuaba entre el sabotaje y los accidentes con fauna para explicar la inestabilidad.
Hoy, la documentación técnica de Celec abandona la retórica del sabotaje para centrarse en la fragilidad de la infraestructura: el reemplazo del transformador dañado por el ave tomará entre 6 y 8 semana.
Ante la imposibilidad de esperar meses por nuevos equipos, Celec justifica la contratación de emergencia argumentando que “depender exclusivamente de procesos de adquisición de nuevos activos de generación implica asumir plazos extendidos que no responden a necesidades inmediatas“.
La realidad del mercado -según justifica la corporación- dicta que fabricar y poner en marcha centrales nuevas puede tardar años, mientras que el alquiler permite un acceso “de manera inmediata a generación termoeléctrica disponible”.
El contrato: 21 megavatios distribuidos en tres puntos
Para frenar las pérdidas millonarias, la Unidad de Negocio Electroguayas impulsa el arrendamiento de 21 MW de potencia térmica a diésel. El plan distribuye la generación de forma estratégica: 3 MW en Chanduy, 12 MW en Pechiche y 6 MW en La Libertad.
Celec seleccionó estos sitios porque cuentan con “infraestructura, accesos y condiciones operativas adecuadas, sin restricciones críticas que impidan su despliegue inmediato”.
El esquema contractual se define como un modelo de “Energía como Servicio”. En este formato, el contratista no solo entrega los equipos, sino que “suministra, instala, prueba, pone en operación, supervisa y realiza mantenimiento” de toda la infraestructura.
Bajo este esquema, Celec transfiere al proveedor los riesgos técnicos y operativos, pagando únicamente por la potencia que esté efectivamente disponible para el despacho del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).
El sector privado al rescate
Durante los peores días del apagón en Santa Elena, emergencia que se extendió durante 29 días, la carga residencial no colapsó totalmente gracias al aporte de empresas privadas como Santa Priscila, Grupo El Rosado, Envasur, Bellitec y Biogemar. Sus grupos electrógenos de emergencia suministraron 25 MW durante 10 horas diarias.
Sin embargo, este apoyo ha puesto en evidencia una falta de planificación regulatoria.
Celec advierte en sus informes que “no existe un marco regulatorio por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) que normalice la compensación de estos recursos aportados por el sector privado”, lo que representa un “vacío administrativo que requiere una atención” urgente.
Una vez que se regularice esta compensación, se estima que el Estado deberá devolver montos diarios cercanos a los USD 64.425.
Normalización del servicio
El pasado 27 de marzo de 2026, el Gobierno Nacional anunció que normalizó el servicio eléctrico en la provincia de Santa Elena tras 29 días, logrando cubrir el 100% de la demanda energética. Esto se logró mediante la activación de la Central Térmica Santa Elena III (33 MW) y otras soluciones emergentes.
A pesar de este restablecimiento, el proceso de arrendamiento de los 21 MW sigue adelante como una medida de seguridad indispensable.
Celec sostiene que este alquiler es una “medida técnicamente justificada para cubrir déficits transitorios y garantizar la continuidad, calidad y seguridad del suministro” mientras se instala un nuevo autotransformador de 224 MVA, cuya puesta en marcha se prevé para finales de abril.
El proceso de contratación está en la etapa de preguntas y respuestas.
Radio Pichincha