Con la participante en el concurso público para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado Inés Romero se abrió una jornada de 17 días en las que se sustanciarán 41 cuestionamientos públicos a 26 aspirantes a ocupar el cargo. Esto se hará en medio de las dudas por quiénes son los ciudadanos que cuestionan la probidad de los concursantes.
Este 14 de septiembre, en el décimo piso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) una comisión ciudadana —conformada por nueve de diez personas— instaló la primera audiencia pública que se extendió por seis horas para escuchar a Carlos Bravo Hernández que interpuso tres impugnaciones diferentes en contra de Inés Romero.
Esta etapa del concurso empezó en un ambiente de desconfianza, debido a que entre las 41 impugnaciones, hay una que pertenece a un joven de 19 años que fue sobreseído de ser sospechoso del delito de robo y que cuestiona la probidad de cuatro postulantes a fiscal.
En todo caso, al primer evento de este lunes asistieron el impugnante, Carlos Bravo y la impugnada, Inés Romero, quien se desempeña como jueza de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Bravo, abogado en libre ejercicio, acusó a Romero de no tener probidad porque no ha dado trámite a 92 recursos de acciones de protección que están pendientes de su resolución por cinco años.
Él se autodescribió como un abogado “experto presentando acciones de protección”, por lo que Romero debería ser descalificada porque no ha cumplido con su labor.
La aspirante enfatizó que los cuestionamientos no tienen fundamento y que además, Bravo no es parte procesal de dichas acciones jurisdiccionales.
Agregó que en sus 26 años de funcionaria judicial no ha sido sancionada por el Consejo de la Judicatura (CJ) y que en la actualidad, tiene a su cargo 656 causas que tratar y, más de 10.000 en el ámbito penal.
Reveló que Bravo tiene conflicto de intereses en estas impugnaciones, ya que está siendo investigado por la sospecho del delito de falsificación, fraude procesal y obstrucción a la justicia y como parte de las investigaciones, la Fiscalía lo ha convocado cuatro veces a rendir versión pero a ninguna ha asistido.
Bravo también acusó a Romero de que, aparentemente, se reunió con el vocal del CPCCS David Rosero lo que implicaría un conflicto de interés y la criticó por la forma en que da tratamiento a los casos judiciales en los que él tiene interés, pues es abogado defensor de algunas causas.
Romero aseguró que no ha tenido ninguna reunión con el consejero Rosero y que presentó una denuncia para que se investigue un posible delito de suplantación de identidad.
“Niego categóricamente haber tenido una reunión con David Rosero u otro consejero”, afirmó Romero, que pidió se deseche las impugnaciones planteadas por este ciudadano.
Alertó a los integrantes de la comisión ciudadana de que Bravo, a través de estas impugnaciones, busca que haya un pronunciamiento sobre las causas judiciales, como por ejemplo, pedir que se la descalifique del concurso porque no se la recusó en el tratamiento de un proceso en el que él era abogado defensor.
Este primer día de audiencias, de los 17 que vienen, se escucharon tres impugnaciones en contra de Inés Romero, quien en total enfrenta ocho.
Por ello, este martes y miércoles, se tratarán las cinco objeciones que restan en su contra.
Luego, desde las 14:00 del miércoles, la jornada continuará con Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Camacho ocupa el primer puesto de los 26 aspirantes, por su calificación en méritos y en su contra hay seis objeciones a su probidad.
Entre las que está la de Hamilton Taramuel Terpe, un joven de 19 años que fue procesado por un delito de robo el 19 de septiembre de 2025, junto a Alan Carrillo Shiguano.
El 24 de diciembre del año anterior se sobreseyó a los dos sospechosos porque “no existía acusador particular”, argumentó la fiscal a cargo del caso, Fanny Coronel Molina, pese a que en un inicio consideró que existían elementos suficientes de convicción del hecho.
Taramuel también es impugnante de los concursantes Sandra Morejón, Gustavo Benítez, Salomón Montecé.
En el caso de Camacho, el joven pide que se la descalifique porque durante el juzgamiento del caso Metástasis ella admitió mantener “amistad manifiesta” con el sentenciado Wilman Terán Carrillo, exjuez y expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), por lo que se excusó de actuar en las diligencias.
En un principio, la comision ciudadana inadmitió la impugnación planteada por Taramuel en contra de Camacho, pero él apeló para que lo resuelva el pleno del CPCCS.
Su apelación se aprobó el 28 de agosto de 2026, tras una moción planteada por el consejero y presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, que tuvo el apoyo de sus coidearios de mayoría, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, Johnny Escobar y David Rosero.
Las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán no participaron de esa plenaria virtual.
Fantoni argumentó que la impugnación de Taramuel “contiene una descripción concreta de los hechos y fundamentos”, por lo que debe ser admitida a trámite.
En esta fase del concurso, otra ciudadana que impugnó a varios concursantes es Thais Parra Moreano en contra de Christian Ayala, José Robalino, Juan Guaño y Karen Duque.
Según registros públicos, Parra actualmente es servidora privada; y, en el 2024 fue servidora del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) del área del programa Juventudes.
La fase de impugnación se efectuará hasta el 1 de octubre y luego, la comisión ciudadana se reunirá para definir si acepta o descarta las objeciones.
Habrá posibilidad de apelar ante el pleno del CPCCS y, aquellos concursantes que superen esta etapa rendirán un examen de conocimientos y un caso práctico que se calificará sobre 50 puntos.
Fuente: El Universo
ra