Una jueza de Estados Unidos decidió este jueves denegar la solicitud de libertad bajo fianza al ex congresista republicano David Rivera, quien fue declarado culpable en mayo por lavado de dinero y cabildeo encubierto durante el primer mandato del presidente Donald Trump, en beneficio del régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro.
La magistrada Melissa Damian, con sede en Miami, ordenó que Rivera, de 60 años, continúe bajo custodia hasta la audiencia de sentencia programada para el 20 de julio, a pesar de que varias figuras políticas y empresariales del sur de Florida ofrecieron garantías para respaldar una fianza millonaria.
En su fallo, la jueza argumentó que el exlegislador no logró demostrar “que no representa un riesgo de fuga si es liberado en espera de la sentencia”.
Los fiscales sostuvieron que Rivera mantiene “importantes vínculos y activos en el extranjero”, lo que aumenta la probabilidad de que intente abandonar el país. El caso ha generado repercusión nacional debido al testimonio del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, amigo personal de Rivera desde sus años juntos en la Cámara de Representantes de Florida.
De acuerdo con documentos judiciales, la jueza fijó el 19 de octubre como fecha para el inicio de otro juicio con jurado contra Rivera por cargos adicionales vinculados al mismo expediente.
Detalles de la condena
El ex congresista fue declarado culpable en mayo junto a la consultora política Esther Nuhfer por realizar actividades de lobby ilegal en nombre del régimen de Maduro. Nuhfer, quien fue arrestada este año por Estados Unidos bajo cargos de narcoterrorismo, enfrentó el juicio junto a Rivera por no registrarse como agentes extranjeros y conspirar para cometer lavado de dinero derivado de un contrato de consultoría valorado en 50 millones de dólares.
Un jurado los encontró culpables de conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), conspiración para cometer lavado de dinero y participación en transacciones con bienes derivados de actividades criminales. Según la acusación, Rivera realizó gestiones políticas en Estados Unidos para favorecer los intereses del gobierno venezolano e influir en la política exterior de Washington hacia Caracas.
La jueza enfatizó que las actividades internacionales atribuidas al ex congresista no podían quedar fuera de consideración al evaluar su posible liberación. Rivera podría enfrentar hasta diez años de prisión federal cuando reciba sentencia el próximo mes.
Entre junio de 2019 y abril de 2020, David Rivera ejecutó un plan para prestar servicios de consultoría y cabildeo a Raúl Gorrín, empresario venezolano sancionado en enero de 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y quien enfrenta cargos criminales en ese país.
Raúl Gorrín, de 56 años, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, fue incluido en 2019 en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
En representación de Gorrín, David Rivera intentó ejercer presión sobre funcionarios del Gobierno estadounidense, entre ellos un alto cargo del Poder Ejecutivo cuya identidad no fue revelada por la Fiscalía, con el objetivo de lograr que el empresario venezolano fuera retirado de la Lista SDN.
Fuente: Infobae