El Gobierno de Donald Trump anunció restricciones de ingreso a territorio estadounidense contra siete exfuncionarios ecuatorianos.
La medida fue publicada por el Departamento de Estado, que señaló a los exfuncionarios por su presunta participación en “actos de corrupción significativa” relacionados con organizaciones que Estados Unidos ha designado como terroristas extranjeras.
La decisión alcanza también, por regla general, a sus familiares directos, quienes serán considerados inelegibles para ingresar a Estados Unidos.
Listado
Entre los sancionados está Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), procesado dentro del caso Metástasis.
También figura Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y exjuez de la Corte Nacional de Justicia, sentenciado dentro del caso Metástasis.
A ellos se suma Ronaldo Guerrero, exjuez penal y procesado en Metástasis; además de Pablo Muentes, exasambleísta condenado en el caso Purga.
La lista se completa con Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y condenada en el caso Purga; Johann Medina, exjuez penal de la Corte Provincial del Guayas, relacionado con los casos Purga y Metástasis; y Mayra Salazar, exfuncionaria de Comunicación de la Corte Provincial del Guayas y sentenciada en Metástasis.
EE.UU. habla de sobornos y favores a bandas
El señalamiento estadounidense contra Ramírez, Terán y Guerrero apunta directamente al supuesto uso de sus cargos públicos para favorecer a estructuras criminales.
Según el Departamento de Estado, los tres habrían abusado de sus antiguas funciones gubernamentales al aceptar sobornos de bandas vinculadas con organizaciones narcoterroristas.
Washington sostiene que, a cambio de esos pagos, los funcionarios interfirieron en procesos judiciales, electorales o públicos para favorecer a bandas ecuatorianas relacionadas con el Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Choneros y Los Lobos.
En cuanto a Muentes, Gallardo, Medina y Salazar, el Gobierno estadounidense aseguró que interfirieron en procesos judiciales para beneficiar a organizaciones narcoterroristas, entre ellas Los Choneros y el Cartel de Sinaloa, además de sus facilitadores criminales.
Washington vincula los casos con su seguridad nacional
El Departamento de Estado fue más allá de los señalamientos individuales y aseguró que las actuaciones atribuidas a los siete exfuncionarios tuvieron repercusiones para la seguridad estadounidense.
Según Washington, los actos de corrupción señalados contribuyeron al narcotráfico y afectaron a comunidades de Estados Unidos.
El anuncio se conoció en medio de la visita oficial de Marco Rubio a Ecuador.
Radio Pichincha
LV