Una alerta emitida el 31 de enero de 2026 mediante correo electrónico puso en conocimiento de las autoridades de Colombia la ubicación de una embarcación en un muelle de la zona norte del país. El navío en cuestión es el Ocean Mariner, que opera bajo bandera de Liberia y sobre el cual recaían sospechas previas por el transporte de hidrocarburos desde México hacia Cuba, evadiendo presuntamente las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos.
La situación escaló cuando fuerzas navales estadounidenses decidieron intervenir y detener el avance del buque, basándose en inconsistencias detectadas sobre el destino final de la mercancía que transportaba en sus tanques.
De acuerdo con reportes técnicos y material fotográfico adjunto a la investigación, el combustible que portaba la nave fue gestionado y embarcado íntegramente en territorio colombiano. El Ocean Mariner inició su travesía el pasado 5 de febrero, zarpando desde las instalaciones de la Sociedad Portuaria Sitio Nuevo, localizada en el sector de Palermo (Magdalena), a una distancia de aproximadamente 12 kilómetros de la ciudad de Barranquilla.
Previo a su salida a mar abierto, se llevó a cabo una diligencia de inspección en la que intervinieron delegados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera —incluyendo la unidad de Crímenes Transnacionales— y un veedor de la estatal Ecopetrol. Durante el procedimiento estuvo presente el capitán del barco, identificado como John Paul Lamis Fojas, quien, sin embargo, optó por no suscribir el acta de inspección.
Detalles de la carga y las empresas involucradas
La investigación detalla que el cargamento consistía en fueloil, un derivado del petróleo utilizado mayoritariamente en procesos industriales y plantas de energía, cuyo valor comercial se estima en 6,9 millones de dólares. En la estructura comercial de este movimiento participaron diversos entes privados: la firma ISM figuraba como el vendedor autorizado por el Ministerio de Minas de Colombia, mientras que la primera transacción de compra fue realizada por Monarch Security Latin America Inc., una compañía con domicilio en Panamá.
Las empresas vinculadas al negocio aclararon que su responsabilidad sobre el producto finalizó en el momento en que el combustible fue depositado en el buque. Esto se debe a que la operación se pactó bajo el término internacional Free On Board (FOB), mediante el cual el control de la carga y todos los riesgos asociados se transfieren legalmente al comprador una vez que el barco inicia su navegación.
Pese a que la documentación declarada señalaba que el destino era la República Dominicana, los monitoreos satelitales evidenciaron un cambio de rumbo sospechoso hacia la zona sur de Haití. El 11 de febrero, la guardia costera estadounidense interceptó el buque mediante el navío militar USGC Stone, escoltándolo posteriormente hasta las Bahamas. Este operativo se enmarca en el endurecimiento de las sanciones contra la isla caribeña vigentes desde el 11 de enero bajo la administración de Donald Trump.
Posterior al incidente, se reveló que la multinacional Trafigura Group PTE Ltd., con base en Singapur, pactó la compra del combustible el 17 de febrero con el fin de descargarlo en Bahamas. Representantes de esta corporación indicaron que no tuvieron relación con el flete original del Ocean Mariner, sino que intervinieron para adquirir un cargamento que en ese momento carecía de un puerto de destino definido.
Postura del Gobierno de Colombia
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre este suceso aclarando que la carga de petróleo fue ejecutada por una entidad del sector privado y descartó cualquier tipo de falla administrativa por parte del Estado colombiano.
“No hay ninguna irregularidad colombiana ni pública ni privada. Quien carga el buque es una empresa privada”
El mandatario aprovechó la coyuntura para solicitar formalmente a Estados Unidos el cese del bloqueo económico contra Cuba. Asimismo, sugirió que la potencia norteamericana debería fomentar la transición energética en la isla mediante el desarrollo de proyectos de energía solar.
Finalmente, Petro atribuyó la vigencia de las sanciones actuales a lo que calificó como una “falsedad” promovida por el expresidente Iván Duque, quien cuestionó el rol de Cuba como sede de los diálogos de paz con las Farc durante el periodo de Juan Manuel Santos. El jefe de Estado agradeció el apoyo histórico de la isla y de Noruega en los procesos de pacificación de Colombia, destacando el valor cultural y científico de la nación caribeña.
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