Mientras que en territorio argentino la administración de Javier Milei y el kirchnerismo intercambian señalamientos sobre las responsabilidades en el litigio de Burford Capital contra el Estado por la nacionalización de YPF, en Estados Unidos existe una postura unificada. Tanto el gobierno de Donald Trump como el sector empresarial ya manifestaban un rechazo contundente hacia el fondo inglés y su modelo de negocio basado en la financiación de litigios de terceros.
Aunque todavía no se han emitido declaraciones oficiales detalladas tras la reciente resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto el fallo previo de la jueza Loretta Preska que obligaba a la Argentina a pagar una suma superior a los USD 18.000 millones, el descontento corporativo contra Burford es de larga data. Una robusta coalición de asociaciones y grandes corporaciones norteamericanas ha criticado abiertamente las tácticas del estudio fundado por Christopher Bogart en 2008. De hecho, tras conocerse la sentencia que Bogart calificó como
“decepcionante”
, la capitalización bursátil de su firma sufrió una caída estrepitosa.
Frente a este escenario, Burford analiza nuevos caminos legales, contemplando la posibilidad de acudir al Ciadi, el tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial. No obstante, la empresa ya ha comunicado que realizará un ajuste a la baja en la valoración de sus activos durante la presentación de su balance correspondiente al primer trimestre del año en curso.
Un frente corporativo contra la financiación de litigios
En el año 2025, mediante un documento emitido por la US Chamber of Commerce, se evidenció el respaldo de centenares de cámaras de comercio y compañías de diversos sectores a una iniciativa legislativa republicana. Este proyecto busca imponer mayor transparencia en la industria de financiación de juicios por terceros. Entre los gigantes que apoyaron esta medida se encuentran:
- Laboratorios y farmacéuticas como Abbott, Bayer y Eli Lilly.
- Empresas de telecomunicaciones de la talla de AT&T, Comcast y Verizon.
- Petroleras como ExxonMobil y el American Petroleum Institute.
- Aseguradoras internacionales como Liberty Mutual y Zurich.
¿Defensa de minorías o especulación financiera?
Pese a que el bufete británico sostiene que su labor consiste en proteger a los “little guys” (los más pequeños) frente a abusos de estados o grandes entes, en el entorno legal estadounidense se les compara con los “ambulance chasers” (perseguidores de ambulancias), un término peyorativo para quienes buscan víctimas para iniciar demandas multimillonarias. En el contexto local, esta práctica se asocia comúnmente con la figura de los “caranchos”.
La propuesta impulsada por los representantes republicanos Darrell Issa (California), Mike Collins (Georgia), Scott Fitzgerald (Wisconsin), Charles Fleischmann (Tennessee), Claudia Tenney (Nueva York), Jeff Van Drew (Nueva Jersey) y Garland Barr (Kentucky) tiene como meta fiscalizar a entidades como Burford. La ley los obligaría a declarar cualquier acuerdo financiero y revelar la identidad de las partes que se beneficiarían de los resultados económicos del proceso judicial.
Esta normativa busca prevenir que fondos soberanos o entidades extranjeras operen bajo las sombras en litigios estratégicos. Los legisladores argumentan que la opacidad permite a estos financiadores manipular estrategias legales, fomentar juicios meramente especulativos y permitir que actores externos utilicen el sistema judicial de EE. UU. para intereses económicos particulares. Estas preocupaciones fueron compartidas por el Departamento de Justicia de EE. UU., que intervino recientemente en el caso apoyando la postura argentina.
Los riesgos identificados por la US Chamber of Commerce
El Instituto de Reforma Legal de la mencionada cámara advirtió sobre tres peligros críticos de esta industria desarrollada por Burford:
- Control desmedido: Los financiadores suelen tener una influencia excesiva sobre los casos, comprometiendo la autonomía de los abogados, citando como ejemplo el conflicto entre Burford Capital y Sysco Corp.
- Seguridad Nacional: Se reportaron casos donde actores de países con sanciones, como oligarcas rusos o firmas chinas, utilizaron este sistema para acceder a información confidencial o evadir restricciones internacionales.
- Distribución injusta: Se señala que los fondos se quedan con la mayor parte de las indemnizaciones. En un caso de carteros británicos, los demandantes reales recibieron menos del 20% del monto total tras los descuentos de abogados y financiadores.
Sinergia entre política y derecho
La postura de la administración Trump se alineó con los intereses del empresariado estadounidense, logrando una coordinación jurídica y diplomática con el gobierno argentino en el tramo final del caso. En este sentido, la Universidad Austral resaltó el desempeño del equipo de la Procuración del Tesoro de la Nación, liderado por Sebastián Amerio e integrado por los subprocuradores Juan Ignacio Stampalija, Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla, todos ellos formados y vinculados académicamente a dicha institución.
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