Bajo el contexto de un nuevo estado de excepción en territorio ecuatoriano, la Unión Europea y la administración del presidente Daniel Noboa han formalizado la ratificación de un convenio que robustece el trabajo conjunto con Europol. Este acuerdo tiene como objetivo central intensificar la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo a través de mecanismos de cooperación internacional.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, este pacto fue suscrito inicialmente el 23 de septiembre de 2025. La firma se llevó a cabo en el marco de la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU, contando con la participación de la canciller Gabriela Sommerfeld y el comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner. El propósito de este instrumento legal es optimizar la capacidad de las autoridades de ambos bloques para prevenir y perseguir delitos de alta complejidad y acciones terroristas.
Con este paso, Ecuador se posiciona como la primera nación de América Latina en establecer un vínculo de esta naturaleza con el organismo policial europeo. Es importante destacar que el tratado incorpora salvaguardas específicas orientadas a la protección de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía, poniendo especial énfasis en el derecho a la privacidad y el resguardo de los datos de carácter personal.
El proceso de ratificación concluyó formalmente con la rúbrica del decreto por parte del mandatario Daniel Noboa y su posterior difusión en el Registro Oficial el 30 de marzo de 2026. Para el Ejecutivo ecuatoriano, esta alianza se traduce en una herramienta fundamental para expandir las facultades de colaboración bilateral en el ámbito de la seguridad pública.
Las dos delegaciones manifestaron que este convenio es un reflejo de la voluntad política para combatir de forma unificada el crimen organizado transnacional, fortaleciendo así los lazos de seguridad internacional. Este avance diplomático ocurre mientras el país enfrenta una compleja situación interna; de hecho, el presidente Noboa decretó el pasado jueves un nuevo estado de excepción por un lapso de 60 días.
La medida de excepción se aplica en nueve de las 24 provincias del país, abarcando centros urbanos clave como Quito y Guayaquil. Además de estas ciudades, el decreto alcanza a diversas localidades en otras tres provincias, buscando frenar la operatividad de las estructuras delictivas.
Alcance de las medidas de excepción
Bajo la vigencia de este estado de excepción en Ecuador, se han suspendido derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la reserva de la correspondencia. Esto faculta a los efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a efectuar ingresos a propiedades privadas sin necesidad de una orden judicial previa, así como a realizar intervenciones en las comunicaciones. El despliegue militar se ha intensificado para ejecutar operaciones tácticas contra grupos criminales en una labor coordinada con la institución policial.
El decreto gubernamental, emitido justo antes del inicio del feriado de Semana Santa, se focaliza principalmente en las provincias del litoral. Esta región es considerada crítica debido a que las agrupaciones narcodelictivas la utilizan como puente para el envío de sustancias ilícitas, especialmente cocaína producida en Colombia, hacia mercados en Estados Unidos y Europa. Las provincias incluidas en la medida son:
- Esmeraldas y El Oro (zonas fronterizas).
- Guayas, Manabí, Santa Elena y Los Ríos.
- Santo Domingo de los Tsáchilas.
- Pichincha (incluyendo el Distrito Metropolitano de Quito).
- Sucumbíos, donde recientemente se efectuaron operativos con apoyo de Estados Unidos para desarticular bases de los denominados Comandos de la Frontera.
Desde el inicio de 2024, tras la declaratoria de conflicto armado interno y la “guerra” a las mafias, Daniel Noboa ha recurrido a múltiples estados de excepción para intentar contener la ola de inseguridad. A pesar de estos esfuerzos, el país mantiene cifras alarmantes de violencia, cerrando el 2025 con una tasa que supera los 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes, situándose a la cabeza de los índices de homicidios en la región latinoamericana.
Respecto a los resultados operativos más recientes, el toque de queda que rigió hasta el lunes pasado en provincias como Guayas y Los Ríos dejó un balance de más de un millar de capturados. El Ministerio del Interior detalló un total de 1.283 detenciones, vinculadas mayoritariamente al incumplimiento de la restricción de movilidad. Por su parte, el Ministerio de Defensa informó sobre 806 arrestos y la neutralización de 47 objetivos militares, que incluyeron centros de mando, caletas de armamento y pistas de aterrizaje ilegales.
En términos de logística incautada, las autoridades reportaron el decomiso de:
- 651 armas (blancas y de fuego).
- 5.069 municiones y 5.401 explosivos.
- Más de 25.000 dólares en efectivo.
- La destrucción de 5 pistas clandestinas y 256 bocaminas vinculadas a la minería ilegal.
El titular de la cartera de Interior, John Reimberg, reafirmó que la ofensiva estatal no se detendrá. El funcionario fue enfático al declarar:
“Este año no vamos a dar tregua, este año vamos a hacer todo lo que se puede y no se puede por el tema de seguridad de los ecuatorianos”.
Asimismo, Reimberg destacó que durante el 2025 se logró la captura de importantes líderes criminales, señalando que se ha logrado detener a
“todos los cabecillas que nadie se atrevió nunca a tocarlos”
, marcando lo que considera un hito en la lucha contra la impunidad en el país.
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