El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador observó el comunicado que emitió la Cancillería de Colombia tras la reunión mantenida este viernes, 6 de febrero de 2026 en Quito y sostuvo que al Gobierno le llama la atención “que se pretenda atribuir la responsabilidad de este desacuerdo al Ecuador, cuando su origen radica en la falta de control efectivo y presencia estatal de Colombia en su frontera sur”.
A través de un comunicado emitido en horas de la noche, la Cancillería ecuatoriana detalló los temas y términos abordados en los diálogos mantenidos entre las ministras Gabriela Sommerfeld (Ecuador) y Yolanda Villavicencio (Colombia).
Tras el encuentro entre las delegaciones de ambos países, en la capital, Colombia informó que hizo una propuesta al Gobierno de Daniel Noboa para que suspenda la resolución arancelaria del 30 %, emitida por el Servicio de Aduanas del Ecuador (Senae) el pasado 24 de enero
Colombia dijo que Ecuador “manifestó que evaluará esta solicitud en una etapa posterior, cuando se llegue a un acuerdo en relación con los demás temas tratados durante la reunión”, ante lo cual, anunció, se emitirá el decreto con la imposición de los aranceles previamente anunciados y anticipó una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por el “desconocimiento del Ecuador de lo pactado en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969″.
En este marco, en el pronunciamiento de la Cancillería ecuatoriana se detalla que en la reunión, que se desarrolló en el Palacio de Najas, sede diplomática en Quito, se abordaron tres asuntos: seguridad y control fronterizo, energía y medidas arancelarias.
Sobre el primer punto, Ecuador puntualizó que se discutió la elaboración de una estrategia binacional para la cooperación en seguridad fronteriza y lucha contra el delito organizado transnacional.
En este marco, de acuerdo con la Cancillería:
Colombia acepta que el problema consiste en la falta de control fronterizo y eliminación del cultivo de coca en su territorio.
Se compromete a realizar acciones para erradicar el cultivo de coca, la minería ilegal y reforzar el control fronterizo, entre otros aspectos, mediante inversiones en tecnología e intercambio de información.
Revisará los expedientes de personas privadas de libertad colombianas que cumplen su sentencia en el Ecuador en el plazo de tres meses. La revisión comprendera 722 nuevos casos, proceso que Ecuador ha solicitado hace 24 meses.
Colombia colaborará en la gestión para el traslado vía terrestre a territorio venezolano de personas privadas de libertad de nacionalidad venezolana, quienes cumplen su sentencia en el Ecuador.
Se compromete a revisar el proceso de extradición de un ecuatoriano, quien es requerido por la justicia del país por el delito de delincuencia organizada y fue liberado bajo la figura de protección internacional.
Sobre el ámbito de energía y el transporte de petróleo, el Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que Colombia se comprometió a:
Levantar la suspensión de exportaciones al Ecuador y contratos financieros bilaterales entre agentes privados.
Levantar la suspensión de exportación de energía eléctrica al Ecuador y retomar los contratos financieros entre agentes privados.
Ecuador se compromete a revisar la tarifa del uso del oleoducto y analizar la apertura del paso del Río San Miguel para que los carrotanques se movilicen mediante salvoconductos.
Finalmente, sobre las medidas comerciales y acceso a mercados, Ecuador informó que:
Los países convienen levantar las medidas arancelarias en cuanto se firme un acuerdo entre sus autoridades que abordará todos los temas planteados en esta agenda de trabajo.
Colombia se compromete a levantar las restricciones sanitarias a productos ecuatorianos.
Colombia acepta el paso de camiones ecuatorianos a territorio colombiano sin necesidad de trasbordo, en reciprocidad al trato que Ecuador brinda al transporte colombiano.
La Cancillería ecuatoriana resaltó, además, que “al finalizar la reunión, las delegaciones reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta y coordinada en materia de seguridad fronteriza, reforzando las acciones para luchar contra el crimen organizado transnacional». (I)