Desde Teherán se ha oficializado la creación de una comisión gubernamental encargada de analizar los episodios de violencia ocurridos durante las manifestaciones de enero. No obstante, esta medida ha sido recibida con profundo escepticismo por diversos actores sociales y políticos que demandan una indagación totalmente autónoma.
El actual mandatario, Masoud Pezeshkian, comunicó la semana pasada el establecimiento de este cuerpo investigador con el fin de determinar los orígenes y efectos de las revueltas. Por su parte, la vocera del ejecutivo, Fatemeh Mohajerani, detalló que el grupo se encuentra recopilando pruebas, documentos y relatos de testigos vinculados a los enfrentamientos.
Cuestionamientos a la credibilidad del comité oficial
La propuesta ha generado una ola de críticas en el panorama político del país. Analistas, comunicadores y líderes de tendencia reformista han expresado sus dudas sobre si un organismo conformado por el propio Estado posee la capacidad de investigar con imparcialidad sucesos donde diversas instituciones gubernamentales son señaladas como responsables.
A la par de esta iniciativa local, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dictaminó la creación de una misión internacional de carácter independiente para examinar posibles vulneraciones graves a los derechos humanos. Este grupo de trabajo se originó tras las protestas de 2022 bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad”, y su vigencia se prolongó hasta enero de 2026. Sin embargo, el gobierno iraní ha impedido el acceso de esta misión al territorio nacional y se niega a colaborar, calificando la labor internacional como una acción con trasfondo político.
Incluso los sectores moderados, que habitualmente apoyan transiciones internas paulatinas, han manifestado su desconfianza hacia la transparencia del proceso oficial. El periódico reformista Tose’e Irani argumentó que, para recuperar la confianza de la ciudadanía, es imperativo contar con actores externos al aparato estatal.
“Para que el informe del comité que investiga los acontecimientos de enero sea creíble, debe incluir abogados independientes, activistas de derechos humanos e incluso académicos iraníes destacados que viven en el extranjero.”
Exigencias de transparencia y antecedentes históricos
El comunicador Ahmad Zeidabadi señaló que cualquier indagación de origen interno estará marcada por la sospecha colectiva.
“¿Cuál es el problema de invitar al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a enviar un equipo profesional para investigar?”
cuestionó, añadiendo que
“solo un informe internacional creíble puede poner fin al conflicto de narrativas.”
A estas voces se sumó el abogado y referente político Hassan Younesi, quien pidió al presidente una investigación con independencia real. De igual forma, el periodista Hossein Yazdi enfatizó que un comité solo tendrá legitimidad si está compuesto por personas
“que no estén ellas mismas acusadas.”
Esta falta de fe en las instituciones no es aislada; responde a una trayectoria de investigaciones oficiales cuestionadas por la población. Entre los casos más recordados se encuentran el asalto a dormitorios universitarios en Teherán en 1999, el derribo del vuelo ucraniano en 2020 que dejó 176 víctimas mortales y el fallecimiento de Mahsa Amini mientras permanecía bajo custodia de la policía de la moral.
Disparidad en las cifras de víctimas
Según los reportes de la oficina de la presidencia, los disturbios de enero dejaron un saldo de 3.117 fallecidos. En este desglose, las autoridades incluyen a más de 2.400 civiles y efectivos de seguridad, cuyas muertes atribuyen a supuestos “agentes enemigos extranjeros”.
Este balance es drásticamente rechazado por organizaciones defensoras de derechos humanos y prensa independiente. Estos grupos han presentado registros mucho más elevados, asegurando que la cantidad de víctimas fatales podría alcanzar las 36.500 personas.
Filtraciones y acusaciones internas
La tensión ha escalado tras la difusión de un audio del dirigente Ali Shakouri-Rad. En la grabación, el político afirma que los organismos de seguridad “inyectaron deliberadamente violencia en la escena” con el objetivo de legitimar una represión de gran escala, calificando estas maniobras como algo “sistemático” en el país.
Estas declaraciones coinciden con lo expresado por el exjefe de Estado Mahmoud Ahmadinejad, quien también responsabilizó a sectores internos del aparato estatal por las muertes ocurridas en las calles.
Ante esto, Masoud Pezeshkian inicialmente tachó los comentarios de Shakouri-Rad como “injustos”, aunque posteriormente mostró una actitud más flexible al ordenar que las denuncias sean revisadas detalladamente por los funcionarios pertinentes.
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