La Defensoría del Pueblo ha emitido un informe crítico sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, identificando al Estado Mayor Central (EMC) como el principal perpetrador del reclutamiento forzado de menores durante el año 2025. Esta organización, que constituye la mayor disidencia de las antiguas Farc y opera bajo el mando de alias Iván Mordisco, fue vinculada a la mayoría de los 325 casos documentados en el territorio nacional, afectando con especial severidad a la niñez de comunidades indígenas y al departamento del Cauca.
Según el análisis de la entidad, el EMC fue responsable del 43,4% de todos los incidentes registrados en el transcurso del 2025. Los datos estadísticos revelan que esta agrupación se posiciona como el actor armado con mayor incidencia en esta práctica ilegal. Geográficamente, la problemática se concentra drásticamente en el Cauca, donde ocurrieron casi la mitad de las captaciones de menores de edad, golpeando de manera sistemática a niñas, niños y adolescentes pertenecientes a pueblos originarios.
Durante el periodo analizado, la Defensoría del Pueblo precisó que el EMC encabezó las estadísticas con 141 casos específicos. El balance también incluye la participación de otros actores: estructuras no identificadas con un 19,4%, disidencias sin especificar con el 12,6% y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el 9,5% de los reportes.
Distribución por grupos armados y regiones críticas
El reporte también menciona al Clan del Golfo (conocido además como Ejército Gaitanista de Colombia) con un 6,5% de los casos, seguido por el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) con un 5,5% y la Segunda Marquetalia con un 2,5%. Se ha resaltado con preocupación que, a pesar de los acercamientos y procesos de paz que el Gobierno Nacional mantiene con varios de estos grupos, el reclutamiento sigue siendo una estrategia sistemática en las zonas de mayor conflicto.
El departamento del Cauca se mantiene como el epicentro de esta tragedia humanitaria con 156 casos, lo que equivale aproximadamente al 50% del consolidado nacional. Otras regiones con cifras alarmantes son:
- Antioquia: 26 víctimas detectadas.
- Chocó: 22 víctimas registradas.
- Huila: 16 casos reportados.
- Nariño: 14 casos.
- Valle del Cauca y Norte de Santander: 11 casos cada uno.
Esta segmentación territorial evidencia que el reclutamiento forzado se focaliza en departamentos donde los grupos armados ilegales mantienen una presencia histórica y una disputa activa por el control del territorio.
Impacto diferencial y perfil de las víctimas
La Defensoría detalló que el fenómeno tiene un impacto diferencial marcado: el 56% de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas, mientras que el 38% son menores sin un reconocimiento étnico particular y el 6% corresponde a la población afrocolombiana. En cuanto a la distribución por género, el 58% de los afectados son niños y adolescentes varones, frente a un 42% de niñas y adolescentes mujeres.
Tendencias mensuales durante el año 2025
El comportamiento de este delito fue constante a lo largo del año. El mes de abril presentó la mayor incidencia con el 13% de los casos totales, seguido por junio con un 11%. Durante el resto del año, las tasas se mantuvieron estables, aunque se observó una ligera disminución en el último trimestre: octubre y noviembre registraron un 5% cada uno, y diciembre cerró con un 2%. A pesar de esta baja final, las cifras globales confirman que el delito persiste en la dinámica del conflicto armado interno.
La recopilación de esta información subraya las barreras que enfrenta el Estado colombiano para frenar la vinculación de menores a la guerra, especialmente en áreas con escasa presencia institucional. El informe advierte que, aun en contextos de diálogo con grupos como el Clan del Golfo y el EMBF, la protección efectiva de la infancia sigue siendo una tarea pendiente y limitada en las zonas de mayor hostilidad.
Finalmente, la sistematicidad de estos actos en regiones como el Cauca refleja las dificultades gubernamentales para asegurar los derechos fundamentales en territorios dominados por las disidencias de las Farc y otros grupos ilegales. La vulnerabilidad de la infancia en estas zonas evidencia la urgencia de fortalecer la seguridad y la presencia estatal integral para contrarrestar la influencia de los actores armados.
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