El escenario político venezolano registra un nuevo capítulo tras las declaraciones de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior y figura clave del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El funcionario ha manifestado su intención de requerir la mediación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU con el objetivo de realizar una auditoría exhaustiva al listado de personas excarceladas. Esta iniciativa surge como una estrategia para blindar la veracidad de los datos gubernamentales frente a los reportes emitidos por diversas organizaciones civiles.
Llama la atención que este acercamiento ocurre a pesar de que la administración de Venezuela había catalogado anteriormente como persona “non grata” a Volker Türk, titular de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en julio del año pasado. La solicitud de Cabello se enmarca en una profunda controversia sobre la fiabilidad de la información circulante y busca desmarcarse de las estadísticas recolectadas por entes independientes que monitorean la situación penitenciaria.
Incremento en los registros oficiales de excarcelaciones
Durante su reciente intervención ante los medios, Diosdado Cabello actualizó la cifra de ciudadanos que han recuperado su libertad, situándola en un total de 808 individuos desde el cierre de diciembre de 2025. El ministro enfatizó que estos procedimientos son el resultado de decisiones autónomas del Ejecutivo nacional y no representan una respuesta a presiones de terceros o pactos con entidades privadas.
“No nos reunimos con ninguna ONG para esto”
En un tono crítico, el ministro lanzó duras acusaciones contra las ONG, a las que se refirió peyorativamente como “mafiosos” y “extorsionadores”. Según Cabello, existen grupos que presuntamente lucran con la desesperación de los familiares de los detenidos. Asimismo, cuestionó la metodología de estas instituciones, insistiendo en que la meta del Estado es la reinserción social de los liberados: “apostamos por que vayan a trabajar, no que sigan (…) matando gente, quemando gente viva o promoviendo la intolerancia y esas cosas”.
Discrepancias en los balances oficiales e independientes
La controversia sobre la transparencia se intensifica al comparar los datos. Mientras organizaciones como Foro Penal han reportado 266 liberaciones efectivas desde el pasado 8 de enero, el fiscal general Tarek William Saab ofreció una perspectiva distinta. Saab indicó que la cifra total de beneficiados supera los 600, integrando en este cálculo a 200 personas que salieron de los centros de reclusión los días 24 y 31 de diciembre.
El fiscal Saab, en diálogos con medios internacionales, calificó los informes de las organizaciones no gubernamentales como “erráticos”, sugiriendo que tales entidades generan confusión en la opinión pública al realizar acciones que no considera pertinentes. Esta brecha entre las cifras de la sociedad civil y el Estado agrava el debate sobre la cantidad exacta de la población carcelaria que ha sido beneficiada.
Contexto institucional y reacciones internacionales
El proceso de liberación se desarrolla bajo una coyuntura política marcada por el anuncio de la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos el 3 de enero, lo que derivó en la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país. Este panorama captó la atención de Donald Trump, quien en ese momento lideraba la administración estadounidense y valoró positivamente los hechos calificándolos como un “potente gesto humanitario” por parte de Caracas.
Cabello ha reiterado que el Gobierno no tiene reparos frente al escrutinio externo. Citando la postura de Delcy Rodríguez, afirmó que la supervisión del Alto Comisionado sería bienvenida debido a que “no tenemos nada que ocultar, al contrario”. El ministro concluyó asegurando que las revisiones de expedientes individuales continuarán de forma meticulosa para garantizar la estabilidad social, sentenciando que “pase lo que pase en cualquier circunstancia, nosotros venceremos”.
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