Dictan prisión preventiva contra sospechoso de la desaparición y muerte de dos hermanos menores en Napo

Un juez dictó prisión preventiva contra Jerson P., luego de que la Fiscalía formulara cargos en su contra por su presunta participación en el crimen de los dos hermanos Andi Alvarado, de 11 y 8 años, en la provincia de Napo.

Los menores desaparecieron el 30 de octubre al salir de la unidad educativa Elicio Olalla, en Tena, donde estudiaban. No regresaron a su vivienda, ubicada en el sector La Victoria, donde residían con su madre en la comunidad Vista Anzu.

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Ante la falta de noticias sobre su paradero, sus familiares presentaron una denuncia y se activaron los protocolos de búsqueda.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía solicitó la revisión de las cámaras de seguridad municipales. Las imágenes permitieron identificar a los dos niños junto a un hombre que se movilizaba en una motocicleta, lo que orientó las primeras diligencias para establecer su identidad.

Localización del sospechoso
Posteriormente, se ejecutaron dos allanamientos. Los agentes encontraron prendas de vestir y una motocicleta que coincidían con las características observadas en los registros de videovigilancia.

En un tercer operativo fue localizado el sospechoso y se cumplió la orden de detención emitida en su contra.

Según la información proporcionada por la Fiscalía, el hombre incurrió en varias contradicciones. Aunque también proporcionó pistas que permitieron a los investigadores, con el apoyo de canes amaestrados, localizar los cuerpos de los menores.

Los cuerpos de los niños fueron encontrados enterrados en una finca en el sector de Shalkana, en la vía hacia la parroquia Ahuano, perteneciente a Puerto Napo. El hallazgo se realizó el jueves 12 de noviembre.

Elementos de convicción
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó como elementos de convicción la denuncia de desaparición, las versiones de los familiares y del procesado, el acta de levantamiento de los cadáveres y los informes de autopsia.

También expuso las versiones de los agentes policiales y los informes técnicos de las inspecciones realizadas en los inmuebles allanados.

El juez acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva del procesado. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, lapso en el que se continuará con la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que, cuando el delito de desaparición involuntaria tiene como resultado la muerte de la víctima, la sanción prevista es de 22 a 26 años de privación de libertad.

Fuente: El Universo

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