En un movimiento político y económico de gran calado, el gobierno de Cuba ha manifestado su intención de permitir que los ciudadanos cubanos residentes en el extranjero posean negocios en la isla e inviertan directamente en su infraestructura. Se espera que las autoridades oficialicen esta apertura el lunes por la noche, indicando que la nación está dispuesta a recibir capital foráneo, incluso aquel proveniente de los Estados Unidos.
Contexto de una crisis energética profunda
Este anuncio se produce en un momento de extrema vulnerabilidad para la isla, cuya economía enfrenta una crisis energética sin precedentes. Durante el último trimestre, Estados Unidos ha bloqueado el acceso de la nación a petróleo extranjero, interrumpiendo los envíos desde Venezuela y otros proveedores. Esta situación ha derivado en apagones constantes —incluyendo un colapso total del sistema eléctrico este lunes—, obligando a los hospitales a suspender cirugías y agravando una crisis humanitaria marcada por la escasez de alimentos y protestas civiles.
«Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con las empresas estadounidenses. También con los cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes»
Así lo expresó el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien es una figura determinante en la política económica del país. El funcionario adelantó que la apertura no se limitará al sector privado, sino que incluirá proyectos en la infraestructura envejecida del país.
Desafíos diplomáticos y el embargo
A pesar de estas intenciones, Pérez-Oliva Fraga reconoció que el embargo estadounidense, que se ha extendido por décadas, representa un obstáculo significativo para atraer capital desde el norte. No obstante, sectores influyentes de la comunidad cubana en Florida y otros puntos han demandado durante años este derecho a invertir en su país de origen.
Fuentes vinculadas a las negociaciones sugieren que la administración de Donald Trump se mantiene a la expectativa para verificar si estos cambios anunciados son realmente estructurales o simplemente una medida superficial. De la profundidad de estas reformas dependería la emisión de licencias que autoricen dichas inversiones. Por su parte, el representante republicano Carlos Gimenez manifestó una postura firme:
«No habrá NINGUNA inversión de USA en #Cuba al menos que hayan cambios políticos CONTUNDENTES en la isla»
Diálogos y presión internacional
La administración estadounidense ha advertido que, de no realizar transformaciones profundas, la isla podría enfrentar un destino similar al de Venezuela, cuyo líder Nicolás Maduro fue presionado tras negarse a abandonar el poder. Ante esto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel admitió haber mantenido conversaciones con funcionarios del gobierno de Trump para intentar resolver el conflicto.
En un discurso de 90 minutos, Díaz-Canel destacó que la decisión del lunes «facilita mucho» que los cubanos en el exterior participen en el «programa de desarrollo económico y social». Este giro responde también a la realidad demográfica: se estima que más de dos millones de cubanos han emigrado en los últimos cinco años. «Es nuestra responsabilidad como gobierno acogerlos, escucharlos, atenderlos y propiciarles que tengan un espacio de participación», afirmó el mandatario.
Perspectivas de negocio y exilio
El presidente Donald Trump también se pronunció sobre el tema, calificando a la isla como una «nación fracasada», aunque dejó la puerta abierta a un pacto:
«Cuba también quiere llegar a un acuerdo. Y creo que lo haremos muy pronto. O hacemos un trato o hacemos lo que tengamos que hacer»
Se prevé que la nueva normativa permita a los exiliados regresar y gestionar pequeñas empresas (sociedades de responsabilidad limitada), las cuales fueron legalizadas en 2021. Estas entidades ya son vitales para la economía local, importando bienes y ofreciendo productos en supermercados privados que, aunque costosos, superan en oferta a los estatales.
Empresarios como Hugo Cancio, quien dirige la plataforma de comercio electrónico Katapulk desde Miami, ven en esto una oportunidad histórica. Cancio, que opera actualmente con licencias especiales, sostiene que si el gobierno cubano reconoce los derechos económicos de los exiliados, estos se convertirán en los principales promotores del levantamiento de sanciones en Washington.
«En la medida en que las autoridades cubanas reconozcan nuestros derechos a formar parte de la nación cubana… seremos nosotros los que cambiaremos Washington»
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