Un lapso de seis años ha transcurrido desde que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizara un tenso episodio judicial al cierre de su declaración en el caso Vialidad. Aquel 2 de diciembre de 2019, antes de abandonar el estrado, sentenció ante los magistrados:
“A mí me absolvió y me absolverá la historia, y a ustedes los va a condenar la historia”
. En ese momento, fungía como vicepresidenta electa y atravesaba su primer juicio oral sentada en el banquillo de los acusados.
Este martes, la exmandataria regresará al mismo escenario en el subsuelo de los tribunales federales de Retiro. En esta ocasión, comparecerá ante un nuevo cuerpo de jueces para ser indagada en el marco del caso Cuadernos, donde se le acusa de ser la presunta cabecilla de una asociación ilícita y de incurrir en cohecho.
Programación de la diligencia judicial
El Tribunal Oral Federal 7 ha fijado el inicio de la sesión para las 9:00 horas de este martes 17. Aunque el procedimiento será presencial, se ha dispuesto su transmisión íntegra a través de la plataforma YouTube, permitiendo el seguimiento ciudadano en tiempo real.
Esta apertura mediática contrasta con lo ocurrido a finales de 2019. En aquella época, bajo la defensa del abogado Carlos Beraldi, se solicitó sin éxito que la declaración fuera transmitida en vivo, en un contexto previo a la virtualidad impuesta por la pandemia. Al concluir su exposición de casi tres horas en aquel entonces, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso consultaron si respondería interrogantes, a lo que Kirchner respondió tajante:
“¿Preguntas? Preguntas tienen que responder ustedes, no yo”
.
Condiciones actuales de la exmandataria
La situación de la procesada ha cambiado drásticamente para esta segunda cita. En la actualidad, Cristina Fernández de Kirchner cumple una condena firme de seis años de prisión por administración fraudulenta derivada de la mencionada causa Vialidad. Debido a esto, se encuentra bajo régimen de prisión domiciliaria y utiliza una tobillera electrónica.
Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, encargados del juicio por los Cuadernos, han coordinado el traslado con el Tribunal Oral Federal 2, responsable de la ejecución de su pena previa. El operativo contempla su salida del domicilio ubicado en San José 1111, con su custodia personal y un ajuste temporal en el radio de alcance de su dispositivo de monitoreo electrónico mientras dure la diligencia.
Logística y seguridad en Comodoro Py
Este evento marca el inicio de un sistema híbrido en un debate que comenzó de forma virtual en noviembre pasado. La sede del Tribunal se desplazará excepcionalmente del Palacio de Justicia hacia Comodoro Py para esta jornada. Juan Montesano Rebón, secretario general de la Cámara Federal de Casación Penal, ha liderado la planificación del riguroso operativo de seguridad, que incluye la protección de magistrados y personal administrativo.
En el recinto estarán presentes la fiscal general de juicio, Fabiana León, los equipos de defensa y un cupo limitado de 200 personas entre prensa acreditada y público general. Tras la intervención de la expresidenta, se espera la comparecencia de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal. De Vido, quien se encuentra recluido en el penal de Ezeiza por el caso de la tragedia de Once, será trasladado al tribunal; pese a que su defensa indicó que se negará a declarar, su presencia física es obligatoria para la toma de datos personales, tras rechazarse su pedido de declarar vía videoconferencia por motivos de salud.
Otros implicados y contexto del juicio
La nómina de convocados para esta primera etapa incluye a figuras clave del entorno kirchnerista:
- Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación.
- Nelson Lazarte, antiguo secretario privado de Baratta.
- Rafael Llorens, exsubsecretario de Asuntos Jurídicos.
- José María Olazagasti, ex secretario de De Vido.
- Rudy Ulloa, exchofer de Néstor Kirchner.
Cada uno de los citados posee la facultad de declarar, responder preguntas o abstenerse, postergando su testimonio para etapas posteriores del juicio. Una vez concluida esta fase, se definirá el cronograma para los 78 acusados restantes. Este juicio, iniciado formalmente el 6 de noviembre del año anterior, investiga una presunta estructura delictiva operada desde el Poder Ejecutivo entre 2003 y 2015, abarcando 205 incidentes de cohecho pasivo relacionados con el pago de sobornos por parte de empresarios para la obtención de contratos de obra pública.
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