La llegada de la delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a territorio guatemalteco ha generado una atmósfera de alta expectativa en un periodo decisivo para la nación. En este contexto, el presidente Bernardo Arévalo lanzó una alerta contundente sobre las amenazas que acechan la estabilidad institucional del país:
“Los intentos de sabotear procesos electorales son una grave preocupación”
, señaló el mandatario, reafirmando la relevancia de la observación internacional para salvaguardar la democracia.
Arévalo enfatizó que la coyuntura actual de Guatemala atrae la mirada de la comunidad global y exhortó a la ciudadanía a mantener una postura vigilante.
“Los ojos del mundo están sobre Guatemala. Estemos unidos, atentos e informados, porque en este año crucial, el pueblo debe recuperar la justicia”
, manifestó con firmeza, catalogando este ciclo como una etapa determinante para el futuro del Estado.
El jefe de Estado también resaltó que la transformación de las instituciones es una prioridad inaplazable. En ese sentido, agradeció el acompañamiento de los delegados de la OEA, puntualizando que
“La visita de la misión de la OEA es importante porque apoya los esfuerzos ante los desafíos en la renovación del Sistema de Justicia”
.
Para concluir su mensaje sobre el rumbo del país, Bernardo Arévalo ofreció una reflexión que busca sentar las bases de una nueva convivencia social:
“Un país sin miedo es un país libre, y hacia ese país seguimos avanzando”
.
El complejo engranaje de la renovación judicial
La selección de los nuevos magistrados que integrarán la Corte de Constitucionalidad (CC) para el quinquenio 2026-2031 avanza en un entorno de fricciones institucionales. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se ha convertido en la primera entidad en definir sus representantes, mientras otros organismos del Estado cumplen sus propios cronogramas en paralelo.
De acuerdo con el marco legal vigente, el 14 de abril de 2026 es la fecha límite para que los magistrados electos tomen posesión de sus cargos. Esto convierte a las próximas semanas en un periodo crítico para garantizar el equilibrio de poderes y la integridad del máximo tribunal del país.
El proceso interno del CANG concluyó formalmente el pasado 12 de febrero, tras una jornada que no estuvo exenta de polémica debido a las denuncias por una presunta intervención del Ministerio Público (MP). Este paso inicial marca el comienzo de la conformación total del tribunal.
Bajo la vigilancia de delegados y representantes de las diversas planillas, el escrutinio se llevó a cabo tras un fallo de la Sala Sexta. Dicha resolución restringió el padrón electoral exclusivamente a abogados con colegiado activo, dejando fuera a profesionales de áreas vinculadas. Esta determinación judicial alteró el flujo tradicional de los comicios y generó posturas encontradas dentro del gremio.
Los resultados oficiales del Colegio de Abogados y Notarios confirmaron la elección de Astrid Jeannette Lemus Rodríguez como la nueva magistrada titular de la CC para el periodo 2026-2031, tras obtener 8.920 votos. Su competidor, Carlos Estuardo Gálvez Barrios, alcanzó los 7.741 sufragios.
En lo que respecta a la magistratura suplente, Luis Fernando Bermejo Quiñónez se impuso con un total de 8.527 votos, superando a Melvin Giovanni Portillo Arévalo, quien registró 7.742 votos. Por otro lado, la Planilla 1 triunfó en la elección del Tribunal Electoral del CANG (2026-2029) con 8.677 votos, frente a los 8.153 de la Planilla 2. Estos eventos tuvieron lugar en el Parque Érick Barrondo y el Club La Aurora, en la capital guatemalteca.
Es fundamental recordar que la Corte de Constitucionalidad se estructura a través de cinco magistraturas titulares y cinco suplentes, designadas por:
- El Organismo Ejecutivo (Presidente en Consejo de Ministros).
- El Congreso de la República.
- La Corte Suprema de Justicia (CSJ).
- El CANG.
- El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Tras el cierre de las votaciones en el CANG, el Congreso de la República inició la recepción de perfiles el 2 de febrero, proceso que se extenderá hasta el día 20 del mismo mes, con el objetivo de nombrar a sus representantes antes de marzo de 2026. Por su parte, el Ejecutivo liderado por Bernardo Arévalo recibirá expedientes del 16 al 20 de febrero, proyectando el anuncio oficial para el 13 de marzo.
En la Corte Suprema de Justicia, la convocatoria formal aún no se ha publicado. No obstante, Carlos Lucero, presidente en funciones del organismo, adelantó que el proceso podría abrirse a finales de febrero, permitiendo la designación de magistrados durante el mes de marzo.
Por su parte, la USAC finalizó la recepción de postulaciones el 6 de febrero, contando con 14 candidatos, entre los cuales figura la fiscal general María Consuelo Porras. La elección del CSU está programada para el 16 de febrero en Antigua Guatemala. Sin embargo, la legitimidad del consejo es objeto de críticas, ya que de sus 41 integrantes, solo 11 tienen un mandato vigente. A pesar de las órdenes de la CC para renovar el órgano, el rector Walter Mazariegos no ha reportado progresos sustanciales.
La primera fase de elecciones en el CANG estuvo salpicada por operativos del Ministerio Público. La fiscal Leonor Morales confirmó investigaciones por supuestas anomalías, aunque el expediente se mantiene bajo reserva. Ante esto, la Corte de Constitucionalidad resolvió que, si bien las investigaciones pueden continuar, los fiscales no pueden interferir directamente en el desarrollo de las votaciones en tiempo real.
Estas acciones generaron el rechazo de diversos sectores sociales y diplomáticos. La OEA emitió un comunicado advirtiendo que la interferencia judicial durante el proceso electoral podría erosionar la transparencia y legitimidad de los resultados. La organización internacional instó a las autoridades de Guatemala a proteger el sufragio de los agremiados y a evitar cualquier tipo de presión o injerencia externa.
La trascendencia jurídica de la Corte de Constitucionalidad
Basada en el artículo 272 de la Carta Magna, la Corte de Constitucionalidad funciona como un tribunal permanente con la misión de velar por el orden constitucional en Guatemala. Sus atribuciones incluyen:
- Dictar sentencias sobre la inconstitucionalidad de las leyes.
- Tramitar acciones de amparo dirigidas contra el Congreso, la CSJ, así como el binomio presidencial.
- Resolver apelaciones vinculadas a la materia constitucional.
Dado que las sentencias de la CC tienen el poder de modificar reformas legislativas y decisiones de alta política, su integración es un tema de extrema sensibilidad. La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad dicta que el tribunal debe instalarse 90 días después de la toma de posesión del Congreso (ocurrida el 14 de enero), por lo que los nuevos magistrados iniciarán su gestión el 14 de abril de 2026.
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