Aunque los enfrentamientos directos entre Estados Unidos, Israel e Irán —que según registros de agencias internacionales iniciaron el 28 de febrero de 2026— se desarrollan a miles de kilómetros, sus efectos ya se sienten con fuerza en América Latina. Lo que comenzó como una disputa territorial y política se ha transformado en una crisis de hidrocarburos, fletes elevados, inflación y una marcada inestabilidad financiera para la región. A pesar de que el 8 de abril de 2026 se estableció un cese al fuego temporal de catorce días, la infraestructura dañada y los cuellos de botella logísticos mantienen en vilo a los mercados energéticos globales.
La importancia de este conflicto radica en un punto geográfico crítico: el estrecho de Ormuz. Este canal es considerado la columna vertebral del suministro energético mundial. Según informes de la Agencia Internacional de Energía, durante 2025 transitaron por esta vía casi 15 millones de barriles diarios de crudo, lo que representa aproximadamente el 34% del comercio global de petróleo. Por su parte, la EIA de Estados Unidos detalló que entre 2024 y el inicio de 2025, por este punto pasó más de una cuarta parte del comercio marítimo de petróleo y cerca del 20% del consumo mundial de gas natural licuado.
Cualquier interrupción en esta zona genera una reacción en cadena que impacta directamente en las finanzas de los ministerios de Hacienda y bancos centrales de todo el mundo.
Repercusiones en las economías latinoamericanas
El impacto financiero en la región no se hizo esperar. El 7 de abril, el índice MSCI de acciones latinoamericanas registró una caída del 1%. Los mercados más afectados fueron los de Chile con un descenso del 1.4%, seguido por México con una baja del 1.1%, mientras que Brasil enfrentó fuertes presiones en su tipo de cambio. Analistas financieros advirtieron que un incremento del Brent hacia los 150 dólares por barril dejaría a las economías importadoras de energía en una posición de extrema vulnerabilidad.
Curiosamente, la volatilidad se manifestó también de forma inversa: la simple expectativa de una tregua permitió que el peso mexicano recuperara un 0.6% en una sola jornada. No obstante, los expertos señalan que estas fluctuaciones no demuestran fortaleza, sino una profunda dependencia ante choques externos incontrolables para las naciones latinoamericanas.
La pausa en las hostilidades anunciada el 8 de abril no ha devuelto la normalidad al sector. Reportes actuales indican que permanecen varados cerca de 130 millones de barriles de crudo, 46 millones de barriles de combustibles y 1.3 millones de toneladas de gas natural licuado debido a la falta de rutas seguras. Durante el mes de marzo, el flujo de crudo por Ormuz se desplomó en 13 millones de barriles diarios, cifra equivalente al 13% del consumo global.
A pesar de que el precio del Brent descendió recientemente al rango de los 91 a 95 dólares, el mercado físico sigue bajo presión.
«Esa es la paradoja: el precio financiero baja más rápido que el daño real»
, señalan los reportes sobre la situación actual.
Vulnerabilidad estructural y casos regionales
La crisis no golpea a todos por igual. Mientras Chile siente el impacto directo en su inflación, Brasil sufre por la aversión global al riesgo. En el caso de Venezuela, aunque sus exportaciones superaron los 1.09 millones de barriles diarios en marzo —una cifra récord en el último semestre—, sus refinerías internas trabajan apenas al 31% de su capacidad operativa, demostrando que los altos precios del crudo solo ocultan debilidades internas.
México se encuentra en una situación particularmente comprometida. Aunque no adquiere hidrocarburos directamente del Golfo Pérsico, su sistema energético está atado a la estabilidad de Estados Unidos. Datos de enero de 2025 revelaron que el 72% de la demanda mexicana de gas natural es cubierta por importaciones estadounidenses. Durante 2024, el flujo por ductos desde el país vecino alcanzó un promedio de 6.4 mil millones de pies cúbicos diarios, llegando a un pico de 7.5 mil millones en mayo de 2025.
Actualmente, México es el principal comprador individual de gas de Estados Unidos. Esta realidad evidencia que la seguridad energética del país depende casi exclusivamente de infraestructura y moléculas que cruzan la frontera norte.
El gas como motor del sistema eléctrico
La dependencia es crítica porque el gas natural es el sustento de la red eléctrica nacional. El Natural Resource Governance Institute indica que el 60% de la electricidad en México se genera a partir de este recurso. Además, mientras la demanda sube, la producción nacional de gas cayó un 33% entre 2014 y 2024, obligando a que las importaciones representen ya el 73% del consumo total.
Ante este panorama, la administración de Claudia Sheinbaum ha planteado una iniciativa para explorar la extracción de gas no convencional. Aunque evitó el término «fracking», se habló de una extracción «sustentable» que utilice menos químicos y agua no potable. Un comité técnico dispondrá de dos meses para evaluar estos métodos, vinculando esta urgencia con las lecciones dejadas por la guerra en Ucrania y el actual conflicto en Oriente Medio.
Esta reacción gubernamental destaca dos realidades: la agenda energética mexicana ha sido forzada a cambiar por la guerra, y el país está actuando bajo presión inmediata. Sin embargo, surge la duda de si extraer más gas resolverá la vulnerabilidad o si simplemente profundizará la dependencia de combustibles fósiles en lugar de diversificar la matriz energética.
México opera actualmente con un margen de maniobra mínimo, contando con apenas 2.4 días de capacidad de almacenamiento de gas natural, con el objetivo de elevarlo a cinco días. Este escaso «colchón» energético es preocupante, recordando que en febrero de 2021, una tormenta invernal en Texas provocó apagones masivos y pérdidas de 6 mil millones de dólares en una sola semana para el sector privado mexicano.
La lección de esta guerra para América Latina es que la energía ha dejado de ser un simple dato económico para convertirse en un instrumento de poder geopolítico. Para México, el debate no es solo técnico, sino una cuestión de Estado: lograr autonomía energética sin comprometer el entorno ambiental ni ser rehén de conflictos internacionales ajenos.
* Análisis basado en aportaciones de Talya Iscan, politóloga de la Universidad Panamericana.
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