En un periodo inferior a los dos meses, el escenario político en Bolivia se ha visto convulsionado por la dimisión de tres altas funcionarias públicas. Estas salidas se produjeron en un entorno de intensas presiones políticas y diversas controversias que han dominado la atención de la opinión pública boliviana.
La primera baja del gabinete ocurrió el pasado 11 de febrero con la renuncia de Margot Ayala, quien se desempeñaba como directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Su salida estuvo vinculada al conflicto generado por la deficiente calidad de la gasolina distribuida en el país. Tras las movilizaciones de conductores que reportaron daños mecánicos, el ministro de Hidrocarburos y el presidente de la petrolera estatal reconocieron que el combustible presentaba contaminación por residuos de manganeso y goma en los depósitos de almacenamiento.
Durante el anuncio de su retiro, Ayala ofreció una rueda de prensa donde dio lectura a su misiva de dimisión:
“Para preservar mi integridad profesional y personal, considero responsable conmigo misma dar un paso al costado”
La exfuncionaria denunció además que, tras haber detectado una estructura de corrupción durante su mandato, fue víctima de un “ataque sistemático” que buscaba desprestigiar su labor profesional y su condición de mujer al afectar intereses de grupos específicos.
Tensiones en el Viceministerio de Autonomías
Posteriormente, el 11 de marzo, se concretó la salida de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos. Su gestión quedó bajo escrutinio tras sus declaraciones sobre una de las promesas de campaña más emblemáticas del presidente Rodrigo Paz: la implementación de un modelo “50/50” para la redistribución de recursos fiscales hacia las regiones.
El conflicto estalló cuando Barrientos, en el marco de diálogos con representantes de Santa Cruz, manifestó la imposibilidad de establecer un cronograma definitivo para este proceso. La funcionaria señaló ante los medios:
“Es difícil decir ‘esto dura dos o tres días, cinco semanas o diez años’; lo que vamos a hacer es que sea corto y efectivo”
Dichas palabras fueron tomadas como una provocación por sectores autonomistas cruceños. La presión escaló hasta que el gobernador de dicha región, Luis Fernando Camacho, condicionó el diálogo sobre la redistribución a la salida de la viceministra. Ante esta situación, Barrientos presentó su renuncia irrevocable.
Salidas en el equipo de comunicación y el entorno presidencial
La tercera renuncia ocurrió el 17 de marzo, cuando Carla Faval, quien ejercía como vocera presidencial, comunicó su decisión de abandonar el cargo. Según el documento oficial emitido por Faval, su retiro se debió a motivos estrictamente personales y al deseo de “contribuir desde otros espacios” al desarrollo del país y al proyecto de Rodrigo Paz, con quien trabajó activamente desde la etapa de transición gubernamental.
No obstante, la gestión de Faval venía siendo cuestionada tras un incidente comunicacional relacionado con el supuesto retorno de embajadores entre Bolivia y Chile, información que debió ser desmentida y rectificada posteriormente. A este hecho se sumaron críticas por supuestas desinteligencias internas y contradicciones entre diversos portavoces oficiales del Gobierno.
Hasta el momento, el presidente Rodrigo Paz ha guardado silencio respecto a estas tres bajas en su administración. En la ANH se ha procedido a nombrar un director interino, sin embargo, los despachos de la vocería presidencial y el Viceministerio de Autonomías permanecen actualmente acéfalos.
Expertos en política local sugieren que estos eventos no son aislados, sino que forman parte de un fenómeno estructural de violencia política contra la mujer. Datos recopilados en Bolivia revelan que entre los años 2012 y 2025 se han interpuesto más de 900 denuncias vinculadas a este tipo de agresiones, lo que evidencia la persistencia de patrones discriminatorios en las altas esferas del poder público.
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