El sociólogo y analista de riesgo político Jorge Galindo ha difundido un video de siete minutos y medio en el que desglosa las causas de la crisis de vivienda en España. Su argumento principal es que existe un desajuste entre la cantidad de hogares formados y las viviendas disponibles. Para solucionarlo, propone aumentar la construcción, agilizar los trámites administrativos, fortalecer el alquiler social y ofrecer garantías públicas contra impagos.
Galindo comienza su diagnóstico comparando la evolución de los ingresos y los precios inmobiliarios: «Desde 2015, los sueldos en España han subido un 28%. ¿Y la vivienda? Comprar una casa cuesta un 80% más. Alquilarla, un 87%, el triple que los sueldos», afirma.
Según el experto, la escasez de obra nueva es el factor determinante del encarecimiento. Cuestiona que medidas como las prórrogas de contratos o los topes a las rentas puedan resolver el problema de fondo, ya que «pueden aliviar durante un tiempo a parte de quienes ya tienen vivienda, pero no añaden oferta para quienes buscan piso, quieren emanciparse o necesitan cambiar de domicilio».
«La crisis de vivienda en España: lo que creo que puede funcionar para solucionarla… y lo que probablemente no sirva o sea directamente contraproducente. En siete minutos y medio.»
1,2 millones de hogares en cinco años
El núcleo del análisis de Galindo es que España sumó 1,2 millones de hogares entre 2021 y 2025. Esta cifra incluye jóvenes que se independizan, parejas que se separan y personas que llegan al país para trabajar. Todos ellos requieren un lugar donde vivir.
«Lo normal es empezar por un alquiler. Con el tiempo, si puedes, compras. Y al irte, dejas tu piso libre para el siguiente. Es una cadena», explica. El problema surge cuando no hay viviendas nuevas que alimenten esa cadena: «La cadena solo se mueve si al final hay casas nuevas. Y España no construye».
Galindo compara el ritmo actual de edificación con el de décadas pasadas. En los años noventa se terminaban unas 260.000 viviendas anuales; en los 2000, 540.000. Para 2025, la cifra estimada es de apenas 92.000 viviendas terminadas.
Con esos datos, calcula que en cinco años se habrían creado menos de 470.000 viviendas frente a 1,2 millones de hogares. «Dos hogares y medio por cada casa», resume. «El problema de fondo sigue siendo el mismo: hay más hogares que casas».
La consecuencia es una mayor competencia por una oferta limitada. Según su exposición, nueve de cada diez viviendas vendidas son de segunda mano, lo que indica que el mercado depende en gran medida de inmuebles existentes que cambian de propietario.
Jóvenes e inquilinos, los más afectados
Galindo identifica a los jóvenes y a quienes dependen del alquiler como los principales perjudicados. «El que entra en un alquiler ya no sale», afirma, aludiendo a la dificultad para acceder después a una vivienda en propiedad o cambiar a un piso más adecuado.
El analista señala que el 38% de los hogares formados por personas nacidas entre 1986 y 1995 vive de alquiler a precio de mercado, 10 puntos más que la generación anterior a la misma edad. También destaca que casi siete de cada diez jóvenes de 18 a 34 años siguen viviendo con sus padres, frente a cerca de la mitad en la Unión Europea.
«La fila se alarga, se atasca y mucha gente acaba malviviendo: en una habitación, compartiendo piso a los 40 o directamente en ninguna parte», sostiene.
Galindo reconoce presiones adicionales en territorios específicos, como el alquiler turístico en barrios céntricos de Valencia y el Cabañal, así como las compras de no residentes en Alicante. En esas zonas, el turismo y la demanda internacional aumentan la tensión sobre la vivienda disponible. Sin embargo, no los considera la explicación principal a nivel nacional: «Eso aprieta, y mucho, pero en sitios concretos». Su tesis es que, más allá de esos mercados locales, el problema cuantitativo sigue siendo el aumento de hogares por encima de las viviendas construidas.
Límites a las rentas: ¿solución o parche?
El sociólogo pone en duda que los controles de alquiler sean una respuesta suficiente. «Eso protege, durante un tiempo, a quien ya está dentro, pero no añade ni una sola vivienda», asegura.
Su razonamiento es que, si alquilar resulta menos atractivo para algunos propietarios, parte de los pisos puede salir del mercado o destinarse a otros usos. Una oferta más escasa puede endurecer las condiciones para los inquilinos: «Cuando hay menos pisos para la misma fila, ¿quién se lo queda? El casero hace casting y elige al de la mejor nómina». Señala que los hogares que acceden al alquiler tienen hoy más ingresos que antes, lo que indica que las personas más vulnerables se están quedando fuera del mercado.
Como alternativa, Galindo propone un seguro público de impago que reduzca el riesgo para los arrendadores: «Si el casero sabe que va a cobrar, deja de hacer casting y le alquila a quien hoy no pasa el filtro». También reclama ampliar el parque de alquiler social mediante la compra pública de viviendas.
Burocracia y construcción: el muro que frena la oferta
Para Galindo, la construcción se ve frenada por la falta de crédito, la escasez de mano de obra y la pérdida de empresas tras la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, considera que esos factores no explican por sí solos el bajo volumen de obra nueva con los precios actuales.
«Hay un muro que hemos levantado nosotros, ladrillo a ladrillo», afirma sobre la regulación urbanística y administrativa. Cita planes generales que tardan entre 10 y 12 años, licencias que se retrasan y recursos que pueden paralizar desarrollos completos. «Son 20 años desde el suelo hasta las llaves», resume.
Su propuesta incluye revisar los procedimientos, asegurar que se cumplan los plazos, elevar la densidad donde exista demanda y servicios, y mejorar las conexiones de transporte.
Según sus cálculos, mantener un ritmo de 95.000 viviendas anuales llevaría 42 años para cerrar la brecha. «Triplicándolo, nueve. Tres millones de viviendas en una década», afirma.
Por último, para las zonas con especial presión turística o de compradores no residentes, defiende medidas selectivas: «Donde el problema es local, pisos turísticos, compradores que no viven aquí, ahí sí, desincentivos, con puntería».
Fuente: Infobae