En el marco de las investigaciones judiciales en Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con el Ministerio Público, ha dado inicio a un riguroso peritaje manual de los dispositivos electrónicos incautados al expresidente Carlos Alvarado Quesada. Este procedimiento se desprende de la causa abierta por la instauración de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), una entidad que la Sala Constitucional determinó como inconstitucional debido a que comprometió la privacidad de la ciudadanía y derivó en acusaciones de abuso de autoridad, prevaricato y violación de datos personales contra altos mandos del gobierno anterior.
La revisión, que cuenta con el aval de los tribunales desde el pasado 11 de marzo de 2026, tiene como objetivo central la inspección de archivos que no pueden ser procesados mediante programas informáticos automáticos. Los técnicos buscan evidencia en videos, fotografías y grabaciones de audio para determinar si existió un acceso irregular a bases de información confidencial de los ciudadanos costarricenses.
De acuerdo con lo estipulado por el juez Johnny Cerdas en la sede judicial de Goicoechea, se prevé que esta fase de análisis detallado se prolongue por un periodo mínimo de dos meses. El estudio se rige bajo los lineamientos de los votos 356-2024 y 180-2024 emitidos por el Tribunal Penal de Hacienda, concentrándose específicamente en las actividades ocurridas entre el 1 de mayo de 2018 y el 28 de febrero de 2020, fecha en la que se realizaron las intervenciones en la sede de gobierno.
Evidencias recolectadas en Casa Presidencial
La diligencia judicial se remonta a los históricos allanamientos efectuados el 28 de febrero de 2020 en la Casa Presidencial. Durante esa jornada, las autoridades judiciales lograron asegurar un amplio inventario de dispositivos tecnológicos para su análisis posterior:
- 14 teléfonos móviles y 15 computadoras portátiles.
- 3 unidades centrales de procesamiento (CPU) y 2 tabletas.
- 35 memorias USB y 2 discos duros externos.
- 2 relojes inteligentes, 1 cámara de video y 2 discos compactos.
Sobre el manejo de estos elementos, Ewald Acuña, representante legal del exministro y exlegislador Víctor Morales, detalló el protocolo seguido:
“El proceso de apertura de evidencia informática es un procedimiento en el que primero se verifica la cadena de custodia […] Una vez abierto cada uno de estos dispositivos, se procede a realizar una copia de respaldo, sobre la cual se corren los programas informáticos para ubicar la información que se estima de interés”.
Antecedentes legales y personal bajo investigación
Este peritaje forense ha enfrentado retrasos significativos debido a discrepancias legales entre el Ministerio Público y los equipos de defensa sobre la profundidad de la inspección. Durante el periodo liderado por la exfiscal Emilia Navas, solo se realizaron copias de seguridad sin acceso directo a los datos, situación que se resolvió con la orden judicial de marzo de 2026 que permite el escrutinio técnico manual actual.
Además de Carlos Alvarado, el proceso judicial incluye a otros exfuncionarios clave:
- Víctor Morales, exministro de la Presidencia.
- Una exjefa de despacho de apellido Salas.
- El exasesor legal de apellido Salazar.
- El exdirector de la unidad técnica de apellido Fernández.
- Los exsubalternos Villalobos y Madrigal.
Impacto social y fallos de la Sala Constitucional
El decreto que formalizó la creación de la UPAD, rubricado por el exmandatario el 14 de octubre de 2019, fue anulado por la Sala Constitucional tras considerar que el artículo 7 del mismo facultaba indebidamente el acceso a datos sensibles, quebrantando el derecho a la autodeterminación informativa. La acción que llevó a este fallo fue impulsada en 2020 por el jurista Arnoldo Segura Santisteban, con el respaldo de figuras políticas como Shirley Díaz y legisladores del Partido Unidad Social Cristiana.
La Procuraduría General de la República ha cuantificado en 20 millones de colones el perjuicio social provocado por el funcionamiento de esta unidad. Asimismo, aunque se imputó a Alvarado por prevaricato, su inmunidad presidencial evitó acciones legales directas antes del cese de su mandato el 8 de mayo de 2022.
Postura de la defensa técnica
Los representantes legales del expresidente Alvarado han manifestado que su cliente mantiene una disposición de colaboración total, siempre que se respete el debido proceso. Los abogados insisten en que las actuaciones judiciales se derivan de una compleja cadena de resoluciones técnicas y confían en que el proceso demostrará la ausencia de delitos por parte del exjefe de Estado en la gestión de datos gubernamentales.
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