En un avance significativo dentro del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia ha formalizado la convocatoria para los expresidentes del Congreso. El magistrado Jorge Emilio Caldas citó a Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas a la audiencia preparatoria de juicio, en seguimiento a las investigaciones por las irregularidades detectadas en dicha entidad.
Actualmente, tanto Name como Calle se encuentran bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad en el centro penitenciario La Picota, ubicado en Bogotá. Su situación jurídica se complicó tras ser capturados por disposición de la Sala Especial de Instrucción en mayo de 2025. Posteriormente, en agosto del mismo año, se les imputaron formalmente los delitos de peculado por apropiación y cohecho impropio.
Pese a que la defensa de los implicados intentó frenar el proceso mediante diversos recursos legales contra la acusación, el alto tribunal ratificó su decisión el pasado mes de octubre. En consecuencia, la audiencia preparatoria ha sido programada para el próximo jueves 5 de marzo, a las 2:15 p. m. Esta diligencia, que se llevará a cabo bajo modalidad virtual, es crucial ya que en ella se determinarán las pruebas que se admitirán para la etapa definitiva del juzgamiento.
El origen del escándalo en La Guajira
La génesis de este proceso judicial radica en las anomalías presentadas en contratos millonarios destinados a la compra de 40 camiones cisterna (carrotanques) para el suministro de agua potable en el departamento de La Guajira. Las pesquisas sugieren que una parte considerable de los fondos públicos destinados a este proyecto fue desviada para financiar sobornos a legisladores.
Las confesiones de Olmedo López, quien fuera director de la Ungrd, y de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, han sido pilares para la justicia. Según estos testimonios:
- Iván Name, representante de la Alianza Verde y crítico del actual Gobierno, habría percibido una suma de $3.000 millones.
- Andrés Calle, del Partido Liberal y cercano a la administración nacional, habría recibido un total de $1.000 millones.
Mecanismos de pago y actores involucrados
Sneyder Pinilla, quien ya purga una condena de cinco años de cárcel tras admitir su culpabilidad en esta red delictiva, explicó que los fondos para las coimas surgieron de los sobrecostos aplicados a la adquisición de los vehículos. El propósito de estas transacciones ilícitas habría sido facilitar el avance de diversas reformas legislativas promovidas por el Ejecutivo en el Congreso.
Las declaraciones de Pinilla también apuntan a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, como el presunto cerebro que ordenó la distribución del dinero. González se encuentra actualmente en calidad de prófugo de la justicia y bajo asilo en Nicaragua. Los pagos se habrían efectuado en octubre de 2023, coincidiendo con el periodo previo a los comicios regionales.
La logística para el movimiento de estos capitales habría contado con la participación de Sandra Liliana Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien también permanece bajo detención preventiva. La Fiscalía investiga su rol como presunta intermediaria en la entrega de los fondos destinados a Name.
Los pormenores de la entrega señalan que Ortiz habría llevado personalmente maletines con dinero en efectivo a un apartamento de Iván Name en el sector norte de Bogotá. Simultáneamente, Pinilla aseveró haber entregado los recursos correspondientes a Andrés Calle en la ciudad de Montería, Córdoba. Como prueba de estas afirmaciones, el exsubdirector ha proporcionado registros de conversaciones por chat a las autoridades.
Desde la Fiscalía se ha descrito esta operación como una «empresa criminal» presuntamente coordinada por figuras de alto nivel, incluyendo a los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda), quienes enfrentan medidas de aseguramiento preventivas dictadas por el Tribunal Superior de Bogotá.
En intentos recientes por recuperar su libertad, Andrés Calle argumentó razones personales como el nacimiento de su hijo y su renuncia voluntaria a la Cámara de Representantes, comprometiéndose además a no postularse en 2026. No obstante, la Sala de Instrucción desestimó la solicitud. De igual forma, una tutela interpuesta por Sandra Ortiz con fines similares fue rechazada por la Corte.
El alcance de este caso continúa expandiéndose, mencionando en los expedientes a otros congresistas y exfuncionarios, tales como:
- Wadith Manzur
- Liliana Bittar
- Julián Peinado
- Karen Manrique
- Juan Pablo Gallo
- Juan Diego Muñoz
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