Este jueves 9 de abril de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional iniciará el proceso de deliberación para determinar la validez de uno de los instrumentos legales más determinantes del actual mandato: el decreto legislativo 1390. Este documento, emitido originalmente el 22 de diciembre de 2025, permitió al presidente Gustavo Petro declarar el primer estado de emergencia económica en el país.
La normativa en cuestión se encuentra bajo suspensión provisional desde el pasado 29 de enero, tras una votación de seis magistrados contra dos. El objetivo primordial de esta declaratoria era otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para implementar diversas reformas fiscales, con las cuales se pretendía obtener una recaudación cercana a los $11 billones para mitigar lo que la administración de Petro define como una crisis social y fiscal profunda.
Los argumentos de la ponencia
El debate central girará en torno a la propuesta presentada por el magistrado Carlos Camargo Assis. En su ponencia, el togado sugiere que se declare la inconstitucionalidad total del decreto. El fundamento principal de esta recomendación radica en que los sucesos presentados por el Gobierno Nacional no logran satisfacer los criterios de excepcionalidad e imprevisibilidad que exige taxativamente la Constitución Política de Colombia para este tipo de medidas de excepción.
De ser aprobada la tesis del magistrado Camargo Assis por la mayoría del tribunal, el decreto perdería de inmediato cualquier efecto legal. Esto implicaría que todas las acciones y medidas que se fundamentaron en dicha emergencia económica quedarían sin validez jurídica dentro del ordenamiento colombiano.
Plazos y contexto político
La Corte Constitucional tiene como fecha límite el próximo 16 de abril para emitir un veredicto definitivo sobre este caso. Esta resolución llega en un momento de alta tensión política, marcado por la incertidumbre sobre cómo el Ejecutivo gestionará la crisis actual.
Cabe recordar que esta situación se agrava tras el revés sufrido en el Legislativo, donde la ley de financiamiento fue rechazada por el Congreso a finales del año 2025, dejando al Gobierno con un margen de maniobra limitado frente a las necesidades presupuestarias del Estado.
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