Al menos cuatro de las siete preguntas que se incluirían en una consulta popular y referéndum de iniciativa de Daniel Noboa, han sido usadas en procesos electorales pasados, sobre las que la Corte Constitucional (CC) ha emitido 19 dictámenes.
El presidente del Gobierno, Daniel Noboa, aún no envía su propuesta de consulta popular y referéndum que incorporaría, unas siete preguntas; a la que se sumaría una más: para aplicar la castración química a los agresores sexuales con sentencia ejecutoriada que la envió días atrás y que está en trámite de la jueza Karla Andrade.
En esta coyuntura, este 6 de agosto, ingresó a la Corte Constitucional una solicitud de calificación de una propuesta de convocatoria a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución.
La iniciativa es de un exdiputado, Jorge Moreno Ordóñez que, en caso ser calificada por la CC, requeriría de la recolección de firmas del 12 % de personas empadronadas en el registro electoral de las últimas elecciones de abril pasado.
El peticionario alega que no es viable introducir “simples reformas a la Constitución”, en referencia al anuncio de Noboa.
Al amanecer de este 5 de agosto y en sus cuentas de redes sociales, el mandatario anunció su intención de activar un plebiscito, luego que la Corte Constitucional dictó medidas cautelares —que suspenden temporalmente— la ejecución de varios artículos de las leyes orgánicas de Solidaridad Nacional, de Integridad Pública y de Inteligencia por decenas de demandas de inconstitucionalidad planteadas por sectores de la sociedad civil que sienten la afectación de sus derechos.
Hasta el cierre de esta edición, el Ejecutivo no enviaba a la CC su propuesta y los anexos, porque aún se estarían elaborando.
Según la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, al conocer las posibles preguntas en la cuenta de X del Presidente, por ahora están “asimilando” y “explicándolas”, dijo en una entrevista en la cadena Ecuavisa, este 6 de agosto de 2025, por lo que en los siguientes días se enviaría el documento formal.
Del cuestionario preliminar, cinco temas han sido objeto de consultas populares sobre las que los jueces se han pronunciado en varios dictámenes.
Por ejemplo, respecto de la eliminación del financiamiento para partidos y movimientos políticos se han emitido cuatro fallos en los últimos seis años.
El primero, fue en respuesta a una solicitud del ciudadano, Marco Harb Cordero en el 2019 a la que no se dio paso porque se pretendía “eliminar una disposición que tiene por objeto garantizar la promoción electoral equitativa e igualitaria. (…) Se trata de una norma que promueve la igualdad de todos los candidatos a elección popular, toda vez que busca que quienes participarán en una contienda electoral, tengan las mismas oportunidades para la promoción y difusión de sus propuestas”, concluyeron los jueces hace seis años.
En el 2024, Daniel Noboa propuso reformar la Constitución para quitar ese artículo y que el Estado no financie las campañas políticas de los candidatos.
La CC lo autorizó y solo resta que la Asamblea Nacional la apruebe en su pleno, para que se incluya en la papeleta electoral.
Otra pregunta se relaciona con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de la estructura del Estado y transferir su atribución de designar a las autoridades de control de varias instituciones de control a la Asamblea Nacional.
Esto no es nuevo. En el 2019, se integró un Comité de Institucionalización Democrática que la lideraron reconocidos juristas y académicos de la sociedad civil para eliminar el CPCCS y recogieron cientos de firmas de la ciudadanía para presentar el proyecto.
Sin embargo, su idea no llegó a las urnas. La pregunta se calificó en la Corte Constitucional y se trató en dos debates en la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 442 de la Constitución, y pero no hubo votos.
En ese entonces, la bancada de Alianza PAIS (AP), que presidió el expresidente Lenín Moreno, no sumó los votos y finalmente, el proyecto se archivó.
La última vez que se consultó al electorado sobre el funcionamiento del CPCCS, fue en el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza.
El exmandatario no propuso su eliminación mediante una reforma parcial, porque implicaba que sea tratado en la Función Legislativa, en donde no tenía una bancada de mayoría afín a su mandato.
Propuso entonces enmendar la carta política y quitarle la atribución de designar autoridades para que, en adelante, lo haga la Legislatura.
Ganó el No en las urnas, en medio del bajo respaldo popular del que gozaba el expresidente, que decretó la disolución de la Asamblea en la que grupos de oposición le iniciaron un juicio político para destituirlo del cargo.
Daniel Noboa no incluyó al CPCCS en su consulta popular de abril de 2024; pese a que en medio de la campaña electoral por su reelección, en febrero y abril pasado, ofreció convocar a una Constituyente.
Cuando ganó la segunda vuelta presidencial de abril, su exministro de Gobierno, José de la Gasca, dijo que la Constituyente entraba en un “compás de espera”.
Hasta hace pocos días, antes de renunciar al Ministerio, aseguró que el CPCCS no era un tema que preocupaba al Gobierno para ser incluido en su referéndum.
Esta pregunta ya tiene a sus primeros contrarios: los vocales del Consejo de Participación Ciudadana de la mayoría que preside Andrés Fantoni, considerada cercana a la administración de Noboa.
El consejero David Rosero —tres ocasiones vocal del organismo en el 2010, 2019 y 2025— anunció que en los próximos días habrían manifestaciones de respaldo de parte de grupos sociales a su labor.
En una sesión ordinaria de este miércoles, Fantoni defendió al Consejo y su atribución de “promover la participación”; así también, destacó los avances en la elección de las autoridades de control.
Pese a que en la actualidad, hay ocho instituciones del Estado que tienen titulares prorrogados porque no se hacen los concursos públicos respectivos desde el 2021.
Sobre la Asamblea Nacional hubo dos iniciativas para reestructurar el número de asambleístas que la componen.
En el 2019, el Comité por la Institucionalización Democrática propuso crear una Cámara del Senado con 30 senadores nacionales, pero se archivó porque no hubo votos en el Parlamento.
En la gestión del expresidente Lasso propuso reducir el número de legisladores. La CC la calificó y se incluyó en la papeleta que se votó en las elecciones seccionales del 2023, pero perdió.
Nuevamente, para este siguiente referéndum, Daniel Noboa retoma este debate, pero se desconoce bajo qué mecanismos y hasta qué número reducirlos, tomando en cuenta que hay 151 parlamentarios.
En cuanto a las preguntas de consulta, Noboa repetirá la pregunta relacionada con la contratación laboral por horas para abrir plazas de trabajo, sobre todo de jóvenes.
En la consulta de abril de 2024, se consultó sobre esta modalidad de trabajo y ganó el No.
Ahora Noboa repetirá la inquietud con una precisión: que sea para el sector turístico y, cuando sea necesaria la contratación.
También insistirá en permitir el funcionamiento de las salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles calificados con cinco estrellas.
Este tema se incluyó en un paquete de preguntas de abril del año anterior, pero el mandatario la retiró.
En Ecuador los casinos estaban permitidos, pero el expresidente Rafael Correa lo incorporó en una consulta en el 2011 y, desde entonces, está prohibido el funcionamiento de estos espacios de diversión.
Otra propuesta es someter a los jueces de la CC a que puedan enfrentar el control político de la Asamblea Nacional, sobre la que en el 2009 hubo un fallo que protegió la independencia judicial.
La extinta CC de transición aclaró que las actuaciones de un juez tienen un “carácter especial, basadas no en consideraciones subjetivas infundadas, sino dada la especial función que tienen a su cargo como representantes de la justicia constitucional, siendo así una consecuencia de la imparcialidad de la que debe estar precedido su juzgamiento”.
El cuestionario presidencial incorporará, obligatoriamente, una pregunta de reforma parcial a la Constitución que fue aprobada en la Asamblea Nacional y que se refiere a la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional para el combate al crimen organizado.
Las expectativas del Palacio de Gobierno es que este plebiscito se someta a la voluntad popular en diciembre próximo.
Fuente: El Universo