El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió este lunes, 27 de julio de 2026, suspender de sus funciones por hasta tres meses y sin remuneración a los tres magistrados que revocaron la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y de sus hermanos en el proceso judicial conocido como caso Goleada.
Los funcionarios sancionados son los jueces Silvia Velasco Velasco, Byron Uzcátegui Arregui y Wiler Chóez Avilés, quienes integran la Sala Especializada de lo Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
La medida administrativa se fundamenta en un presunto error inexcusable señalado por la Corte Nacional de Justicia. Según el organismo de control, los magistrados se habrían extralimitado en sus funciones al pronunciarse sobre aspectos de fondo de la causa penal, cuando su competencia en ese momento se limitaba exclusivamente a resolver el recurso de apelación contra la prisión preventiva.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo Aldaz, aclaró que esta suspensión tiene un carácter preventivo mientras se tramita el sumario disciplinario correspondiente. Asimismo, puntualizó que la decisión no representa una sanción definitiva ni determina responsabilidades finales, aunque es un paso previo a una posible destitución.
Contexto del caso Goleada
El origen de este caso se remonta al 2 de abril de 2026. Ese día el tribunal ahora suspendido aceptó la apelación de Aquiles Alvarez y sus hermanos, Antonio y Xavier Alvarez Henriques, dejando sin efecto la orden de prisión que pesaba sobre ellos.
El caso Goleada investiga a 17 personas por el presunto delito de lavado de activos, vinculado a la supuesta introducción de recursos provenientes de la comercialización ilegal de combustibles en la frontera norte al sistema financiero.
A pesar del fallo favorable dictado por estos jueces en abril de 2026, Aquiles Alvarez permaneció detenido, debido a que enfrentaba otras órdenes de prisión en el caso Triple A y el presunto incumplimiento del uso del grillete electrónico.
El proceso disciplinario fue impulsado por Daniel Frías, exaspirante a Defensor Público, quien presentó la denuncia ante el órgano administrativo pese a no ser parte procesal del caso. Esta acción se sumó a una denuncia previa presentada por el fiscal general, Carlos Alarcón, ante la Corte Nacional tras el fallo que liberó a los procesados.
La Corte Nacional sostiene que el actuar del tribunal de Pichincha “causa un daño a la administración de justicia” al desconocer las etapas y el objeto de los procedimientos dentro del proceso penal.
Radio Pichincha
LV