El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sobrevive un año más, pero no avanza a completar la selección de las autoridades de control de ocho instituciones del Estado.
La administración de Andrés Fantoni en el CPCCS tiene a cuestas organizar concursos públicos para elegir a 62 autoridades de ocho organismos que están en funciones prorrogadas o sin haber atravesado el procedimiento de selección que establece la Constitución.
Los pendientes son:
- Consejo Nacional Electoral: cinco consejeros principales y sus suplentes
- Defensor del Pueblo: uno
- Tribunal Contencioso Electoral: cinco jueces principales y sus suplentes
- Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras: dos comisionados
- Consejos Nacionales de Igualdad: 25 representantes de la sociedad civil
- Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria: nueve representantes
- Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess): principal y suplente en representación de los afiliados y de los jubilados.
- Fiscalía General: uno.
Fantoni contó que se trabaja con agilidad y usando los nuevos reglamentos para seleccionar funcionarios, por lo que les tomaría entre seis y ocho meses concluir los concursos.
No obstante, esto ocurrirá si es que terceros interesados no interfieren con acciones judiciales o políticas para dilatar las etapas.
El Consejo está haciéndolo lo “más rápido posible”. “Porque no estamos atados a reglas anteriores que duraban cuatro, cinco, seis años” en hacerlo, añadió Fantoni.
Aunque, contrariamente a su afirmación, los reglamentos para designar autoridades que se emitieron años atrás contemplan concursos que tomaban entre seis y ocho meses.
Desde mayo de 2025, la Fiscalía no cuenta con un titular tras la renuncia de Diana Salazar, que completó el periodo de seis años.
La reemplazó Wilson Toainga, que era su subrogante y también renunció al encargo.
Con ello, el Consejo de la Judicatura (CJ) decidió nombrar, sin concurso de méritos, a Leonardo Alarcón como fiscal encargado.
Pese a que oficialmente no empieza el proceso, hay voces que están pidiendo la anulación.
José de la Gasca, exministro de Gobierno de la Presidencia de Daniel Noboa, no ha descartado en postularse, pero cuestionó las “demoras” que hay al interior del Consejo.
“Parece que quieren que el concurso se malogre y nadie se postule. Con un concurso así, pocas ganas de participar dan. Me parece que tienen un candidato que no responde a las necesidades del país. Para mí, este concurso está mal hecho, lleva tarde… Es insubsanable y debería ser anulado», opinó en una entrevista en Radio Centro de Guayaquil.
Se preparan elecciones del CPCCS para febrero de 2027 y aún faltan autoridades que elegir
En mayo de 2023 asumieron siete consejeros de Participación que fueron desgranándose por juicios políticos y hechos de corrupción.
Hoy lo componen Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto, Piedad Cuarán, David Rosero, Roberto Gilbert y Nicole Bonifaz.
Para ellos, el 2026 podría ser un año irregular, ya que el Consejo Nacional Electoral empezará con la preparación de las elecciones seccionales y de los siete consejeros para el periodo 2027-2031.
Está previsto que las votaciones se hagan el 7 de febrero de 2027, por lo que en la misma fecha pero del 2026 el CNE entrará en periodo electoral.
Con ello, aquellos que aspiren a ser vocales de Participación Ciudadana alistarán sus carpetas, apoyos de la sociedad civil y promocionar sus precandidaturas.
El periodo de los siete consejeros va terminando y en estos casi tres años de funciones los dos concursos que se terminaron —porque estaban en marcha— fueron para la designación de Mauricio Torres Maldonado como autoridad de la Contraloría General y del titular de la Defensoría Pública, Ricardo Morales, en julio de 2024.
El año anterior se seleccionó a cinco superintendentes; y, en la víspera, a los cinco integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) y sus suplentes.
Estas designaciones avanzaron en un contexto en el que los nombres de los candidatos provenían de ternas enviadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, y de cinco instituciones del Estado, respectivamente, y los nombran directamente el pleno del CPCCS.
Pero desde 2021 el Consejo no sigue el trámite para la renovación del Consejo Nacional Electoral, que está integrado por cinco consejeros que ejercen sus funciones por seis años y se renuevan parcialmente cada tres: dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda y así sucesivamente.
En noviembre de 2021, debía elegirse a dos en su primera renovación parcial. Aún no se lo ha hecho.
Está integrada una comisión ciudadana que, desde el 2023, hace el concurso para escoger a dos vocales principales para el CNE y desde entonces no pasa de la fase de calificación de méritos.
Falta que 163 postulantes rindan el examen escrito y oral y que se sometan a la impugnación ciudadana.
Mientras tanto, los consejeros Diana Atamaint, Esthela Acero, Elena Nájera, José Cabrera y Enrique Pita están prorrogados en funciones desde noviembre de 2024, hasta que se designe a sus reemplazos.
Desde el 2018, tampoco se han llenado las vacantes de nueve miembros de la Conferencia de Soberanía Alimentaria (Copisa), al igual que los 25 integrantes de la sociedad civil para los cinco consejos nacionales para la Igualdad.
También faltan dos personas para el Comité Fronterizo.
Los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral están prorrogados desde mayo de este 2025.
Al igual que el defensor del Pueblo, César Cordova, que está encargado desde 2021 y no se ha vuelto a impulsar el concurso público.
Marcelo Espinel, directivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, increpó que los actores políticos deberían ser los llamados a presionar al Consejo para que cumpla con los tiempos y reglamentos internos y “deje de hacer cálculos electorales”.
Apuntó que la Asamblea Nacional podría fiscalizar a los consejeros, pero su integración hace que esto se “bloquee”.
Por ejemplo, “cuando hay mayorías por el correísmo en la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) y de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) que se confrontan, no avanzan en los mecanismos”.
“No se puede decir que el CPCCS tiene una conformación apartidista, sin un sesgo, porque si el Gobierno está de acuerdo con la actuación del Consejo no va a activar ningún proceso de fiscalización. Tampoco habrá una reacción de la Asamblea Nacional, pues están cómodos con los que están”, añadió Espinel.
El director del Colegio de Abogados de Pichincha, Ciro Guzmán, advirtió que en los concursos se presentan problemas porque hay presiones de “orden político”.
En el caso de la Fiscalía, “es evidente que ese cargo tiene tal importancia que sobre él se ciernen intereses de carácter económico, político, institucional, del Ejecutivo, del Legislativo y también de los grupos de delincuencia organizada que quieren tener un fiscal al cual puedan presionarlo, al cual puedan condicionarlo”, dijo. (I)
Fuente: El Universo