La justicia peruana ha emitido este martes una sentencia de nueve meses de prisión suspendida (lo que evita el ingreso efectivo a un penal) contra el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. El actual presidente del Congreso de la República fue hallado culpable del delito de difamación en agravio de Delia Espinoza, quien fuera fiscal de la Nación y hoy ocupa el cargo de decana del Colegio de Abogados de Lima.
La magistrada Norma Carbajal, titular del Juzgado Penal Unipersonal Supremo, fue la encargada de dictar el fallo. En su argumentación, la jueza precisó que el jefe del Legislativo hizo un uso abusivo de su derecho a la libertad de expresión al calificar a la magistrada como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”. Según el tribunal, estas afirmaciones se hicieron sin presentar pruebas y el legislador no cumplió con rectificarse a pesar de haber recibido dos requerimientos previos.
De acuerdo con el adelanto de sentencia, los comentarios de Rospigliosi sobrepasaron los límites de la ley y vulneraron el honor de la funcionaria judicial. Debido a esto, el sentenciado deberá someterse a reglas de conducta obligatorias, como la prohibición de salir del territorio nacional, y efectuar el pago de una reparación civil fijada en 200 mil soles. Cabe señalar que la parte demandante había solicitado originalmente una condena de 2 años y 4 meses de cárcel junto con un pago de un millón de soles.
El proceso judicial se resolvió tras la realización de cinco sesiones de juicio oral. Tras cerrar el debate jurídico el miércoles anterior, la jueza convocó a la audiencia de adelanto de fallo para la tarde de hoy, donde expuso un resumen de las conclusiones y analizó los argumentos de ambas partes. La lectura oficial y completa del documento de sentencia ha sido programada para el próximo 15 de abril, solo tres días después de que se lleven a cabo las elecciones generales.
El conflicto legal se originó por una publicación del parlamentario que señalaba textualmente lo siguiente:
“La aliada del terrorismo y de las economías ilegales, Delia Espinoza, se ufana de la ilegal persecución contra policías y militares que impidieron que hordas violentas repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo, que pretendía implantar una dictadura comunista. Esa persecución debe terminar y los delincuentes y sus aliados ir a prisión”
. Este mensaje fue el sustento principal de la querella presentada en su contra.
Durante el proceso, el abogado Humberto Abanto, responsable de la defensa del congresista, argumentó que las expresiones de su defendido se enmarcan en la crítica política. Al haber sido Espinoza la jefa del Ministerio Público, la defensa sostuvo que el nivel de fiscalización hacia su figura no debía ser restrictivo. No obstante, los abogados de la magistrada insistieron en que los calificativos fueron denigrantes y afectaron gravemente su prestigio institucional.
Por otro lado, el especialista en temas electorales José Manuel Villalobos aclaró a través de su cuenta en la red social X que esta condena en “primera instancia” no impide que el fujimorista continúe con sus aspiraciones políticas. Rospigliosi es actualmente candidato al Senado por el partido Fuerza Popular, y según Villalobos, su postulación está protegida por el artículo 43 del Reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Postura de la defensa parlamentaria
Diversos expresidentes del Parlamento manifestaron su respaldo a Fernando Rospigliosi anteriormente, emitiendo un documento oficial en el que expresaban su inquietud por lo que consideran un “intento de criminalizar sus opiniones” dentro del ejercicio de sus funciones legislativas.
En el comunicado se detalla:
“El Parlamento es, por esencia, un espacio de deliberación donde sus miembros deben gozar de plenas libertades. Bajo ese concepto, la jurisprudencia ha establecido que en asuntos de interés público y respecto de figuras públicas, la libertad de expresión goza de una protección reforzada”
.
Asimismo, los legisladores añadieron que, si bien respetan la autonomía del Poder Judicial, solicitan que las resoluciones respeten los principios de mínima intervención y proporcionalidad para salvaguardar el equilibrio entre la deliberación democrática y el honor de las personas. Entre los firmantes del pronunciamiento destacan los parlamentarios María del Carmen Alva, Lady Camones, José Williams, Alejandro Soto, Eduardo Salhuana y José Jerí.
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