La Comisión de Seguridad Integral, este lunes 6 de abril, continuó con el análisis del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Para el efecto, recibió las observaciones de los delegados de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional.
A criterio de Dayana Encalada, representante de la Fiscalía, se requieren algunas precisiones en el texto de la reforma para evitar duplicidad en el establecimiento de tipos penales que ya constan en el COIP, con ciertos agravantes. En este caso, lo adecuado sería determinar los casos específicos en los cuales una conducta penal ya legislada puede derivar en un mayor perjuicio, por ejemplo, en lo concerniente a la seguridad pública.
Igualmente, sugirió analizar con detenimiento el texto propuesto, por cuanto gran parte de lo planteado ya consta en el capítulo sexto del COIP, sobre los Delitos Contra la Estructura del Estado Constitucional. Por consiguiente, se entiende que el bien jurídico que se protege es la seguridad jurídica. Añadió que, en caso de mantenerse la redacción de la reformatoria, se podría generar discrecionalidad en la aplicación de esta norma.
Posteriormente, la coronel Doris Viteri Paspuel, directora de Logística de la Policía, observó que esta iniciativa debe incluir, además de las entidades militares y policiales, a los agentes penitenciarios y de aduanas. Planteó que se determine la existencia de una empresa, sea pública o una alianza público-privada, que sea la encargada de dotar de los uniformes e implementos para uso de los cuerpos de seguridad, de manera que se pueda efectuar un control adecuado de la fabricación y entrega anual de los mismos.
Otro de los aspectos importantes, señaló Viteri, es lo atinente al registro de la propiedad industrial de estos uniformes, que deberían tener un plazo no inferior a 10 años. Explicó que la Policía, en la actualidad, tiene 14 registros industriales y ocho prendas por registrar. A la vez, manifestó que el análisis del proyecto de ley debe revisar el impacto económico que tendrá su aplicación.
La comisión solicitó que las observaciones sean remitidas a fin de que se analicen por parte del equipo técnico y, de ser el caso, se incorporen al proyecto de ley.
EG