En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, la Comisión de Soberanía Alimentaria recibió los aportes técnicos del experto Miguel Tipán y de la catedrática Jodie Darquea Arteaga, quienes plantearon observaciones orientadas a fortalecer el enfoque jurídico, ambiental y productivo de la normativa.
Tipán destacó que la propuesta representa un avance en el ordenamiento y fortalecimiento del marco regulatorio del sector; sin embargo, señaló la necesidad de incorporar ajustes que contemplen una diferenciación territorial más clara, sostenibilidad ecológica, gestión de riesgos ambientales y un enfoque intercultural acorde a la diversidad del país. Asimismo, subrayó la importancia de integrar de manera transversal la seguridad y soberanía alimentaria, los derechos de la naturaleza y la adaptación al cambio climático.
El especialista también observó sobre la limitada investigación y desarrollo en el sector acuícola nacional. Indicó que en los últimos años ha disminuido la ejecución de proyectos de investigación y mejora genética de especies como trucha, cachama y paiche, lo que ha afectado la disponibilidad y calidad de material genético y ha propiciado el ingreso informal de insumos desde países vecinos.
En materia ambiental, se refirió a los impactos de la contaminación industrial y agrícola en zonas andinas, así como de actividades extractivas en la Amazonía, lo que evidencia la necesidad de regulaciones diferenciadas y mecanismos preventivos más precisos.
Por su parte, Jodie Darquea centró sus observaciones en aspectos conceptuales y técnicos del articulado. Si bien reconoció que la ley incorpora nuevas categorías, señaló que es necesario perfeccionar definiciones para evitar conflictos legales y facilitar su aplicación práctica.
En el concepto de acuicultura, recomendó eliminar la referencia a la propiedad individual o empresarial sobre el stock cultivado, por posibles contradicciones con figuras jurídicas como concesiones, permisos temporales y usos comunitarios, manteniendo el resto del texto.
Respecto a las actividades pesqueras, propuso sustituir la expresión “transporte de pescado” por “transporte de recursos hidrobiológicos”, a fin de incluir crustáceos, moluscos y otras especies. También sugirió redefinir el concepto de buzo como la persona que realiza actividades subacuáticas con o sin equipos autónomos, diferenciando posteriormente categorías como buzo comercial, de subsistencia y científico.
En relación con las caletas pesqueras, planteó que la autoridad competente no solo las identifique, sino que también las califique formalmente, reconociendo además su origen ancestral y su uso histórico por parte de comunidades pesqueras, en concordancia con la Constitución y estándares internacionales.
Finalmente, Darquea destacó la importancia de que la captura total admisible se determine con base en evaluaciones técnico-científicas y bajo un enfoque precautorio, aplicable a todos los recursos hidrobiológicos.
La Comisión reiteró su compromiso de impulsar un sector acuícola moderno, justo y sostenible, alineado con la Constitución y normativa internacional.
JC