La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral comenzó el análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado, conocido como “Ley Antimafias”, tras conocer la resolución emitida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el pasado 5 de junio.
La presidenta de la comisión, Inés Alarcón, calificó este proceso como un momento histórico para el país y enfatizó la necesidad de contar con una normativa que fortalezca la protección de los ecuatorianos. “La seguridad no tiene ideología política; es un derecho constitucional y una responsabilidad que nos corresponde legislar”, además exhortó a los integrantes de la mesa a priorizar los intereses nacionales por encima de las diferencias partidistas.
El legislador Andrés Castillo destacó que el crimen organizado engloba una serie de delitos que afectan gravemente a la sociedad, entre ellos el sicariato, la extorsión, el tráfico de drogas y el secuestro. Señaló que, si bien estas conductas ya están tipificadas y sancionadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la propuesta busca incorporar herramientas jurídicas especializadas para enfrentar de manera más efectiva a las estructuras criminales organizadas.
Explicó que la iniciativa apunta a implementar en el país mecanismos propios de una política penal para combatir el crimen organizado, mediante un conjunto de normas orientadas a fortalecer la capacidad sancionatoria y operativa del Estado.
Por su parte, la asambleísta Jhajaira Urresta manifestó que el objetivo es construir un país más seguro, donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cuenten con respaldo jurídico en su lucha contra las organizaciones criminales. En la misma línea, el legislador Gerardo Machado resaltó la importancia de tramitar esta propuesta para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la seguridad ciudadana.
El proyecto plantea reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) relacionadas con la paralización de los servicios de distribución de combustibles; el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de crudo y sus derivados, gas licuado de petróleo y biocombustibles; el endurecimiento de las sanciones por delincuencia organizada; y la incorporación del delito de reclutamiento de personas con fines delictivos.
Asimismo, propone modificaciones a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para permitir la asignación temporal de bienes sujetos a medidas cautelares a entidades del sector público o, mediante convenios, a organizaciones privadas sin fines de lucro. También contempla reformas al Código Orgánico de la Función Judicial relacionadas con la resolución de medidas de prisión preventiva y la inhabilitación para ejercer la abogacía cuando determinados hechos estén vinculados con el ejercicio profesional.
AM