La Comisión de Seguridad Integral aprobó, con siete votos a favor, el informe no vinculante sobre el Informe Anual de Labores 2025, presentado por la Fiscalía General del Estado, concluyendo que la institución ha cumplido con el marco normativo vigente y ha garantizado la continuidad de su gestión, fortaleciendo mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y modernización organizacional.
En el documento se destaca la consolidación del modelo institucional basado en la especialización funcional para la investigación de delitos complejos, especialmente en materia de corrupción, delincuencia organizada, lavado de activos y extinción de dominio, como eje estructural de la acción penal pública frente a las nuevas dinámicas de criminalidad.
Asimismo, se evidencian avances en la atención y protección a víctimas, mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes (SPAVT), así como la incorporación de estándares reforzados en investigaciones relacionadas con violencia de género, desapariciones y graves violaciones a derechos humanos.
La Comisión subrayó que la efectividad de la acción penal no depende exclusivamente de la gestión interna de la Fiscalía, sino también de factores estructurales del sistema de justicia, como la disponibilidad de talento humano fiscal, la coordinación interinstitucional y las condiciones operativas del sistema judicial, que inciden en la celeridad procesal y la capacidad de respuesta ante la demanda penal.
En materia de integridad, se reconoció la aplicación de mecanismos de control interno y autorregulación, entre ellos el Código de Ética, el Comité de Transparencia y los procedimientos disciplinarios. En cuanto a la ejecución presupuestaria, se evidenció una gestión financiera adecuada y responsable. Asimismo, se identificó la necesidad de fortalecer el financiamiento institucional para responder de manera más eficiente a la creciente demanda penal y superar el déficit estructural de agentes fiscales.
Durante el debate, el asambleísta Mario Zambrano, quien mocionó la aprobación del informe, señaló que este fue debidamente socializado y sustentado por el Fiscal General del Estado, y que las consultas adicionales realizadas por la Comisión fueron oportunamente respondidas. Destacó el fortalecimiento de los sistemas de protección a víctimas y testigos, así como la mejora de los procesos en casos de violencia de género.
Con esta aprobación, la Comisión de Seguridad Integral ratifica su compromiso con el fortalecimiento institucional del sistema de justicia y con el impulso de políticas públicas orientadas a garantizar una respuesta penal eficaz, transparente y respetuosa de los derechos humanos.
RSA