La Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional, en el marco del proceso de fiscalización sobre los servicios de protección especial y las unidades de acogimiento institucional de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, recibió a delegados del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado, quienes expusieron información sobre la cobertura, los tiempos de respuesta y las acciones de protección dirigidas a este grupo prioritario.
El Consejo de la Judicatura señaló que el sistema judicial cuenta con una cobertura especializada del 68 % a nivel nacional, a través de unidades de familia, mujer, niñez y adolescencia, complementadas por juzgados multicompetentes que garantizan atención en todo el territorio. Además, se destacó la existencia de jueces especializados y salas en cortes provinciales que permiten atender casos relacionados con medidas de protección y acogimiento institucional.
En cuanto a la gestión judicial, se indicó que la mayoría de los procesos se resuelven en menos de seis meses y que se han implementado herramientas tecnológicas para agilizar los trámites, así como mecanismos de control para evitar retrasos injustificados.
Respecto a las cifras, se reportó que entre 2016 y 2025 se han resuelto 10.342 causas relacionadas con medidas de protección, lo que evidencia una disminución progresiva en los últimos años. Se destacó que, siempre que es posible, se prioriza la reinserción en el entorno familiar ampliado, en observancia del interés superior del niño.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado advirtió sobre un déficit de fiscales a nivel nacional, lo que incide en la alta carga procesal frente a las aproximadamente 300.000 noticias del delito que se registran anualmente. No obstante, se informó que se ejecutan acciones para fortalecer la capacidad operativa, mejorar la atención a víctimas y evitar la revictimización, especialmente en casos que involucran a menores de edad.
Asimismo, se reiteró que el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley se rige por un enfoque de justicia restaurativa, que prioriza su rehabilitación y reinserción social.
Las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. En este contexto, la comisión ratificó su compromiso de continuar el proceso de fiscalización para asegurar una atención integral, oportuna y efectiva.
JC